TERCER FACTOR: RETORNEMOS A LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL

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ANTE LA ENORME CRISIS QUE ATRAVIESA LA REPÚBLICA: RETORNEMOS A LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL Y AL FUNCIONAMIENTO LEGÍTIMO DE LOS PODERES DEL ESTADO.

I.- Qué regula una Constitución:

Las Constituciones políticas están orientadas a moldear una forma de Estado (República o Monarquía en sus diversas modalidades) y sistemas de gobierno, con la suficiente flexibilidad o previsión en consonancia con las posibles adscripciones a diferentes corrientes de pensamiento filosóficos y doctrinarios. Igualmente es materia de las Constituciones regular el plexo de los derechos ciudadanos, diseñar las estructuras orgánicas del Estado y establecer sus áreas de competenciales, los mecanismos apropiados para asegurar su interrelación armónica y cumplimiento a sus obligaciones y fines al servicio de la sociedad, así como también la oportunidad y manera cuándo y cómo se r substituidos y renovados los elementos que hacen posible toda la estructura de funcionamiento que conforman sus niveles político, de gobierno y administrativo.

II.-Vocación de permanencia.
Toda Constitución comporta una vocación de duración temporal que, por regla general, va más allá de la vida del acumulado de generaciones bajo cuyo auspicio y esfuerzo se creó, acicateados por el sentimiento e interés compartidos de darle normas duraderas, pero no inmutables, que les brinden un margen de seguridad y confianza para un desarrollo ordenado, previsible y sólido del complejo de actividades inherentes a toda comunidad organizada, imprescindibles para satisfacer sus necesidades materiales, sociales, culturales y espirituales. Atendiendo a este requerimiento el legislador- ordinario o extraordinario-al completar su diseño estructural. Orgánico y de funcionamiento del Estado, dota al instrumento contentivo del pacto social, denominado “Constitución”, de cierto mecanismo que asegure su perdurabilidad. Este mecanismo que sólo puede ceder para dar paso a su enmienda, reforma o cambio del texto está constituido por conjunto de previsiones destinadas a formar una coraza protectora a la Constitución denominadas “normas pétreas” o normas contra su inviolabilidad. Estas normas crean un sistema muy riguroso de protección a favor de la permanencia y vigencia del texto constitucional de tal naturaleza que su vulneración se asimila a un desacato expreso de la voluntad de la soberanía popular y acarrea la ilegitimidad del instrumento normativo producto de esa vulneración. Se puede concluir afirmando, que la violación o inobservancia del procedimiento preceptuado por las normas pétreas para acometer la enmienda, reforma o más allá, el cambio de texto constitucional, apareja, insubsanablemente, la condición de ilegitimo e írrito del instrumento con que se pretende substituirlo; no afectándolo ni en su legitimidad ni vigencia aunque, como consecuencia de la ilicitud, se produzca la suspensión de su aplicación.

III.- Cláusula de Seguridad.
Consecuente con esta dogmática del Derecho Constitucional, tendente a la permanencia del Estado de Derecho y a tranquilizar el decurso de la vida social y civilizada, el legislador constitucional, por regla general, establece una cláusula que opera como piso de seguridad del texto del texto constitucional, que en el caso del correspondiente al año 1961, fue concebido en los siguientes términos: “Artículo 250.- Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella mismo dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Serán juzgados según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los que aparecieren responsables de los hechos señalados en la primera parte del inciso anterior y asimismo, los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución. El Congreso podrá decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecidos ilícitamente al amparo de la usurpación, para resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan causado.” Claramente se advierte que su derogabilidad, enmienda o reforma están sometidas al cumplimiento de las exigencias que ella misma impone, recogida en el Titulo X, artículos 245 al 249. La norma 250 referida, comporta tal inoperatividad en la salvaguarda del Estado de Derecho que, además de no reconocer y rechazar de manera expresa cualquier cambio o modificación realizado en contravención a sus mandatos, prevé un sistema sancionatorio de mucha profundidad para los infractores; y precisa que el texto ordenador del Estado no perderá su VIGENCIA, y que solamente habrá sufrido una suspensión temporal hasta que sea superado el accidente que la apartó en su aplicación efectiva.

IV.- ¿Qué accidente afectó a la Constitución del 23 de enero de 1961?
Toda enmienda, reforma o adopción de un nuevo texto constitucional debe, imperativamente en el caso venezolano a partir del año 1961, sustentarse sobre legitimidad de origen; legitimidad que sólo puede encontrarse en el propio texto constitucional, por ser una exigencia impuesta por mandato de la soberanía popular contenido en su artículo 250, que remite al cumplimiento de los medios sancionados en el Titulo X. En los artículos 245 al 249 se contemplan los medios permitidos y el procedimiento apropiado para llevar adelante y tramitar los cambios en la Constitución; y en ninguno de ellos se indica la convocatoria a una Constituyente. Por lo tanto, si este medio de reforma no estaba incorporado a la Constitución de 1961, su utilización carecía en absoluto de legitimidad como mecanismo de reforma; y nadie- institución o persona- tenía la facultad para convocarla. No es que la convocatoria a una constituyente estuviera vetada como mecanismo de reforma; es que era necesario, imprescindible, que estuviera contemplada para esos fines en la Constitución que se pretendía reformar. Esa incorporación podría hacerse mediante la enmienda previa e incluirla en el texto como requisito para darle viabilidad y legitimidad a la convocatoria que sería un simple trámite ordenado por la Constitución. Al obviarse la fórmula que con carácter riguroso exigía la Constitución y procederse a su reforma, se produjo una ruptura del orden y de la legalidad constitucional lo que equivale a un “golpe de estado”.

V.- Desconocimiento de la Constitución.
Convocada como lo fue la Asamblea Nacional Constituyente, sin el cumplimiento previo de los requisitos exigibles por la Constitución, este acto riesgoso e irresponsable se erige en la primera causa de ilegitimidad de origen del texto de 1999. Los actos subsiguientes no hacen más que ahondar la gravedad infligida al bloque de la constitucionalidad. El día 25 de julio de 1999 se llevó a efecto la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente que se instaló en fecha 3 de agosto del mismo año y dictó el “Estatuto de Funcionamiento” en fecha 8 de agosto de 1999, instrumento que en su artículo 1º señala: “Artículo 1º-Naturaleza y Misión- La Asamblea Nacional Constituyente es la depositaria de la voluntad popular y expresión de su Soberanía con las atribuciones de poder originario para reorganizar el Estado Venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático. La Asamblea, en uso de sus atribuciones que le son inherentes podrá limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el Poder Público. Su objetivo será transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que garantice la existencia efectiva de la democracia social y participativa. Parágrafo Primero. Todos los organismos del Poder Público quedan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente y están en la obligación de cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos que emita la Asamblea. Parágrafo Segundo. La Constitución de 1961 y el resto del ordenamiento jurídico imperante, mantendrán su vigencia en todo aquello que no colida o sea contradictorio con los actos jurídicos y demás decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”, manifestación expresa de voluntad que constituye la prueba plena e irrefutable de que, mediante un entramado de argucias jurídicas y políticas, que comprometen al Tribunal Supremo de Justicia y al estamento dirigente de la época, se derogó por un procedimiento de facto la Constitución promulgada válidamente el 23 de enero de 1961, abriendo cauce, de esta manera, a la trágica realidad que aún hoy soportamos.
Entre otros exabruptos, ese Estatuto de Funcionamiento asignó a la Asamblea los atributos de “originaria”, “ilimitada” y “absoluta”, con lo cual se negaba: a) la preexistencia de la Asamblea Nacional convocada y reunida el 5 de julio de 1811 que declaró la Independencia y que ha sido la única de naturaleza y carácter originario por carecer de antecedente nacional; b) la existencia de cualquier otro poder temporal o espiritual (Dios) superior a ella; c) ignoraba y negaba los principios y valores proclamados por aquella primigenia representación nacional que formaron la base de la “Declaración de Independencia” del 5 de julio de 1811, recogidos en el texto fundador de la República de 21 de diciembre de 1811; d) Los Tratados Internacionales, Compromisos y Acuerdos celebrados válidamente por la República y que forman parte del Bloque de la Constitución; e) La progresividad de los Derechos Humanos; y f) el régimen de garantías constitucionales, universalmente aceptadas.
Con el referido “Estatuto de Funcionamiento” no sólo se propusieron sus actores desmontar toda la Organización Institucional de la República sino, además, borrar su historia y destruir los principios y valores sobre los cuales se ha estructurado la sociedad venezolana.

VI. Conclusión. De nuestro Mayor Interés.
1. La Constitución de 1961 sólo podía modificarse por enmienda y por reforma general, siguiendo los procedimientos establecidos para cada una de estas modalidades ( art.s 245 y 246), pero nunca por un medio distinto, según lo preceptuado por el artículo 250.
2. La ilegitimidad de la llamada Constitución de 1999 no ofrece ninguna duda: ella es producto de un desconocimiento anti jurídico del Texto Fundamental de 1961, texto este que mantiene su plena vigencia, aunque no se aplique.
3. El gobierno proclamado por el Estatuto de Funcionamiento es un gobierno absolutamente de FACTO.
4. Esa Asamblea Nacional, en una clara y manifiesta usurpación de funciones, dictó los siguientes actos, todos y cada uno de ellos NULOS; a) Decreto de Ratificación del Presidente Constitucional; b) Decreto de Reorganización de todos los órganos del Poder Público; c) Decreto de Regulación de las funciones del Poder Legislativo; d) Decreto de Reorganización del Poder Judicial; e) Decreto de Reforma parcial de la regulación de Funciones del Poder Legislativo; y f) Decreto de suspensión de los comicios para elegir Alcaldes, Concejales y Miembros de las Juntas Parroquiales.
Todos estos Decretos, y otros más, dictados en usurpación de funciones de los órganos legítimos del Poder Público, adolecen de nulidad absoluta y radical y no pueden generar efectos válidos. Y los responsables inmediatos de los hechos que culminaron en el delito derogatorio de la Constitución y del Estado de Derecho, así como aquellas personas que formaron y aún forman parte de los gobiernos subsiguientes que no hayan contribuido al restablecimiento de la normalidad constitucional quebrantada a partir del año 1999, son acreedores de sanción penal, civil y administrativa, de acuerdo a la gravedad del delito. Esto realmente pasó en Venezuela y nunca se entendió cómo el Estamento político que gobernó al País desde 1958, no se inmutó y mucho menos luchó en contra de la tragedia que se cernía en contra de todos.
Finalmente podemos afirmar, con toda propiedad y aserto, que la Constitución política del año 1961 conserva toda su vigencia y que superada esta larda situación actual, debería ser restablecida con todo su vigor y eficacia. Ello ocurrirá; porque como afirma el historiador Guillermo Morón: “ESTO QUE VIVIMOS ES UN PROCESO HISTÓRICO MUY FEO, PERO YA PASARÁ” (LA RAZÓN ABRIL 2015)

Elías A Buchszer Cabriles
Contralmirante
Coordinador Nacional del Tercer Factor.
Remisión: César Guillén Citterio.
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Acerca de Sammy Landaeta Millán

Coronel de la Fuerza Aerea Venezolana, en Situación de Retiro, según resolución N°7446 de fecha 27 de julio de 2000 (Propia solicitud). Licenciado en Ciencias y Artes Militares (Opción Aeronáutica). Especialista en Administración de los Recursos de la Aviación. Maestria en el Empleo del Poder Aéreo. Diplomado Estado Mayor Conjunto N°14. Diplomado Curso Especial de Seguridad y Defensa para Ejecutivos. Piloto Aviador Militar. Piloto de Helicópteros Militares. Piloto de Helicóptero Comercial. Especialista en Busqueda y Salvamento. Edita desde la Gran Caracas. VENEZUELA, el blog LA PROTESTA MILITAR http://laprotestamilitar.blogspot.com
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