VENEZUELA: SIMON BOLIVAR Y LA PRESERVACION MINERA. Por Daniel Chalbaud-Lange @danielchalbaudl OPINIÓN.

 

 

 

 

 

 

 

SIMÓN BOLÍVAR Y LA PRESERVACIÓN

DE LA MINERÍA

Mi actividad profesional me ligó durante 40 años a la industria petrolera; industria extractiva de la principal riqueza y sostén de la economía nacional y fuente energética fundamental para el desarrollo de muchos países del mundo. Buscando la relación de mi actividad con ideas, pensamientos y obras de Simón Bolívar, que me orientaran por el camino de la dedicación y el amor a mi patria, entre tantos escritos del Libertador, como fueron los relacionados con legislación sobre el Contrabando; con su lucha contra el Peculado; con el Derecho Obrero, Penal, Internacional, Administrativo y Fiscal; con el Poder Judicial; con la Inmigración y con la Conservación del Ambiente y los Recursos Naturales (agua, bosques, agricultura, cría y fauna), recojo como un eco, normas y códigos emitidos por Simón Bolívar relacionados con la Preservación de la Minería.

Indudablemente que Simón Bolívar conocía de la tremenda riqueza que representaban los metales y los minerales, muy abundantes en América, por su estrecha vinculación derivada de la posesión de sus minas en Aroa.

El saqueo que de esos recursos se hizo por parte de los conquistadores de la época, su explotación irracional y el abandono de muchas minas, lo obligó a tomar medidas legales y administrativas para preservar a la América de esta importante riqueza.

Simón Bolívar, desde 1815 conocía el potencial minero de la Nueva Granada, en el mes de mayo de ése año dirige una carta, desde Kingston, a Maxwell Hislop en la cual le expresa…. “El comercio británico ha perdido en Venezuela siete millones de pesos anuales, a que montaban sus producciones en los tiempos más calamitosos. Ahora parece que volverá a ser privada la Inglaterra del comercio de la Nueva Granada, que ella ha hecho exclusivamente, y cuya exportación es el oro y en sumas muy considerables de lo que no he podido tener conocimiento exacto, por el efecto de las circunstancias turbulentas; pero la pérdida incalculable que va a hacer la Gran Bretaña consiste en todo el continente meridional de América, que, protegido por sus armas y comercio, extraería de su seno, en el corto espacio de sólo diez años, más metales preciosos que los que circulan en el universo. Los montes de la Nueva Granada son de oro y plata; un corto número de mineralogistas explotaría más minas que las del Perú y Nueva España; ¡Que inmensas esperanzas presenta esta pequeña parte del nuevo mundo a la industria Británica!”

En otro contexto, el Liberador, consciente del valor estratégico de los minerales desde el punto de vista militar, no escatimó esfuerzos para incrementar la producción; a tal efecto, en carta dirigida el 28 de octubre de 1819 al Vice-Presidente de las provincias Libres de la Nueva Granada, General de División Francisco de Paula Santander le expresa:

“Es indiscutible trabajar de noche y de día, sin dormir, en la elaboración de la pólvora y en la extracción del plomo en las minas más inmediatas de Santa Fe sin hacer caso de gastos, sin tener economías. En nada se puede emplear mejor el oro y la plata que en pólvora y bala. Si se han reemplear diez hombres, que se empleen cuarenta. Si se han de gastar mil pesos que se empleen diez mil… ¡Quiera Dios que no sea necesario perder un territorio tan precioso como el que ocupamos!”

Emancipada Colombia del yugo español y, comenzando a regir su propio destino, nada más obvio que comenzar por preservar sus recursos naturales, entre ellos los minerales. En efecto, entre 1824 y 1829, el Libertador Simón Bolívar emitió una serie de decretos de los cuales se puede fácilmente deducir la importancia económica y estratégica que le concedía a la minería como recurso fundamental, para alcanzar, conjuntamente con el desarrollo agrícola, su objetivo de crear en América una nación de naciones que pudiera oponerse a las pretensiones de los imperios de la época.

En primer lugar debemos mencionar el decreto que expide el 20 de julio de 1824 de Huariaca, siendo Presidente de la República de Colombia y encargado del Poder Dictatorial de la República del Perú: Afirma el Libertador en el considerando del decreto en cuestión que “que la minería es el principal ramo que constituye la riqueza del país”, con ello comienza a resaltar la importancia de la actividad minera y que como tal hay que fomentarla. En efecto, en el mismo decreto “establece Diputaciones territoriales de minería en las provincias de Huamachuco, Pataz, Conchucos y Huaylas”.

El pensamiento liberal del Libertador lo llevó a incluir en este mismo decreto “que las personas que formaban parte de las Diputaciones serían elegidas por los propios mineros en sus respectivas provincias, cuidándose de que el nombramiento recaiga en aquellos cuyos conocimientos y demás aptitudes, les hagan dignos del encargo”.

Vale la pena resaltar la importancia que el Libertador le daba a la experiencia, conocimiento y aptitudes, como cualidades únicas y necesarias para aquellos a quienes les corresponda dirigir la explotación de las minas. Muy lejos de estos nombramientos estaban el amiguismo, el compañerismo, el compadrazgo o afinidad política. Es de destacar también que eran los propios mineros quienes elegían de sus mismas filas a sus directores o gerentes, por así llamarlos, no existiendo la imposición ejecutiva ni el paracaidismo complaciente.

En otro artículo de su decreto, Art. 6º, el Liberador establece que “No se deben enrolar a personas incapaces de emprender el trabajo de las minas”. Con ello quiso Simón Bolívar hacer de esta actividad una actividad productiva. Porque sólo los capacitados pueden obtener mayor y mejor rendimiento, los incapaces lo que hacen es entorpecer el trabajo de los demás incidiendo negativamente en la productividad. Igualmente consideraba que el exceso de trabajadores, aún siendo capaces, afecta la explotación de las minas, por lo que en el Art. 7º estableció que “Se formará otra matrícula de los operarios precisos para cada uno de los mineros…. Quedando las Diputaciones responsables de no consentir se matriculen más que el número necesario para la explotación y beneficio de metales”.

Era tanta la importancia que le daba a la continuidad en la explotación de las minas que, en el mismo Art. 7º “excepcionó del Servicio Militar tanto a los mineros como a los operarios”.

No escapó a la mente del Libertador normas para el control administrativo del personal que trabajaba en las minas, en efecto, en el Art. 8º estableció que Las Diputaciones remitirán al Intendente de las Provincia cada tres meses, lista de los operarios, puntualizando las haciendas, ingenios, mineros de quienes dependen, etc. a fin de que, con este informe, sean separados de la matrícula los que hubieren dejado de trabajar sin impedimento legítimo”

Es en el Art. 9º en donde resalta la condición humana del Libertador. En la primera parte establece que “Los operarios serán pagados indispensablemente cada semana en razón de su trabajo”. Consideraba el Libertador, cuando expresaba la palabra “indispensable”, la obligación que tenían los mineros administradores de tomar las suficientes y oportunas previsiones de tesorería, a fin de garantizar la necesaria retribución salarial a la jornada de trabajo, y con ello, evitar el abandono del trabajo y, por qué no decirlo, posibles paros o huelgas. Enseñanza de Simón Bolívar que deberían tomar muy en cuenta muchos de nuestros administradores en Ministerios y otras instituciones del Estado.

En la segunda parte del Art. 9º, Simón Bolívar dignifica al hombre cuando, de acuerdo a su pensamiento cristiano y acción de lucha de contra la explotación del hombre por el hombre, se obliga a incluir en este decreto que “El trato que se les debe dar a los mineros es como hombres libres y no como hasta aquí: pues la matrícula no tiene otra objeto que saber el número de operarios aplicado a cada minero, y no el de sujetarlos como esclavos”. Vigilante de que se cumplan estos mandamientos“responsabiliza a las Diputaciones ante el Gobierno de la más pequeña tolerancia en esta materia”.

Resalta la importancia que Simón Bolívar le confería a la explotación minera cuando, en el mismo decreto, previó la necesidad crear un organismo que se encargara de toda la materia, al incluir en el segundo aparte del Art.10º lo siguiente: “Y no habiendo por ahora dirección general de minería se dirigirán estas representaciones o informes con los expedientes que se formaren, al gobierno”.

Y no tardó mucho, el 1 de febrero de 1825, emitió un decreto con un importante considerando que textualmente reza: “Conviniendo a la protección y fomento de la minería que en cada Departamento haya una dirección que particularmente se encargue del progreso de un ramo que constituye la riqueza nacional, he venido a decretar y decreto:

1. Se establece en la capital de cada Departamento una Dirección

de Minería.

2. Las Direcciones Departamentales dependen de la Dirección General de Minería que residirá en la Capital de la República.”

Podríamos pensar que esta Dirección General es el antecedente más lejano de nuestro Ministerio de Petróleo y Minería. Con este decreto el Libertador va dándole al negocio de la minería una estructura organizativa que le sirva de planificación, dirección y control.

En otra vertiente, era tanto el peso de la deuda que gravitaba sobre la república, deudas contraídas para lograr nuestra independencia política, que no para construir elefantes blancos o para incrementar el patrimonio personal de gobernantes, que consciente de procurar, por todos los medios posibles la extinción de dicha deuda, creyó oportuno, el 2 de agosto de 1825, desde Pucará, decretar que “Las minas derrumbadas, aguadas, o abandonadas por sus antiguos poseedores, que eran denunciables según Ordenanzas de Minería, son propiedad del Estado…. y que las minas se arrienden o se vendan en público remate de cuenta del gobierno, adjudicándose su valor a los acreedores del Estado en pago de sus créditos calificados”.

Observamos aquí, como Simón Bolívar sí encontró una fórmula para pagar la deuda nacional, sin necesidad de refinanciamiento u acuerdos onerosos por el gobierno. Simplemente recuperó las minas abandonadas, minas improductivas, las vendió o arrendó y, con el producto de estas negociaciones se cancelaban las deudas por créditos calificados, o sea legalmente convenidas. Entiéndase, deudas legítimas.

Tres años después, el 23 de diciembre de 1828, dictaba un nuevo decretoconsiderando que si es urgente aliviar a la agricultura propendiendo a la exportación de los productos agrícolas, no lo es menos ocurrir a la progresiva disminución de la deuda y…. para conseguirlo es indispensable adoptar arbitrios propios para mejorar la presente condición de los colombianos y emitió el siguiente decreto: Art. 1º. Desde la publicación de este decreto se cobrará en las aduanas uno por ciento por la exportación de oro amonedado y tres por ciento por la plata amonedada”

Tomó Simón Bolívar las previsiones para impedir y sancionar la extracción y comercialización ilícita de oro y plata, hoy denominado “contrabando de extracción”. Así, en el Art. 2º dispuso: “Las extracciones de oro en polvo, barras o alhajas, y de plata en pasta, piña o alhajas, y las del oro y la plata en cualquiera forma que no sea la de moneda, se prohíbe nuevamente bajo las penas establecidas en la leyes”.

Igualmente, a pesar de que algunos productos manufacturados en la República eran libres de todo derecho de exportación, “no quedaron exonerados los exportadores de la obligación de declarar lo que hayan de extraer, su cuantía y su valor, en las aduanas por donde hagan la extracción, so pena de incurrir en la de decomiso, y de lo que se aprehenda sea distribuido como tal y conforme a las leyes vigentes”.

Se observa en la intención de este decreto, la importancia que le daba al registro con fines estadísticos de la cantidad y valor de los bienes hechos en la república.

Es obligante y por lo tanto no podemos dejar de referirnos al decreto de Chuquisaca, de diciembre de 1825 en el cual consideraba que, “por falta de combustible no pueden hacerse o se hacen inexactamente o con imperfección la extracción de los metales y la confección de muchos productos minerales que por ahora hacen casi la sola riqueza del suelo”.

El 24 de diciembre de 1828, dicta en Bogotá, un decreto con tres consideraciones de mucho valor:

Primero: “Que es la de mayor importancia para la prosperidad de Colombia el laboreo de las ricas minas de metales y piedras preciosas que tiene en su territorio, cuyos productos componen una gran parte de la riqueza pública”.

Segundo: “Que perjudica en extremo a los propietarios el que los trabajos de las minas se interrumpan por cualquier motivo”.

Tercero: “Que por tan poderosos motivos debe darse a los mineros una protección eficaz para que no les quiten ni huyan trabajadores”.

En razón de esas consideraciones decretó en el Art.1º, “la excepción de toda clase de servicio militar, así en las milicias como en los cuerpos veteranos, a los directores, sobrestantes, mineros, peones y demás personas que bajo cualquier otra denominación se ocupen en la construcción de casas, molinos, acequias o ingenios, para las minas de cualquier metal y piedras preciosas y en el trabajo de las mismas minas”.

Esa excepción estaba limitada sólo al personal necesario. A tal efecto en el Art. 7º estableció sanciones al respecto“si cualquier dueño o director de mina pusiese en alguna matrícula o hiciese que se expida a favor de personas que no trabajen constantemente en su mina o minas, averiguado que sea el fraude, perderá la excepción del servicio militar….. y se le exigirá por el respectivo Juez político la multa de 50 pesos por cada persona que haya supuesto empleada en la mina”.

Como se desprende del contenido e intención de este decreto, el Libertador, consciente de la importancia, desde el punto de vista económico, de la riqueza minera, fomenta el trabajo protegiendo al obrero y al patrono, asegura la permanencia del empleo como factor de garantía de la continuidad operacional dentro del marco de la productividad, limitando el personal a sólo el numéricamente racional (operarios capaces y razonablemente necesarios), al mismo tiempo estableció sanciones al patrono fraudulento y al obrero ocioso, figuras que hoy configurarían la modalidad de “reposeros” y alcahuetes, muy abundantes en varios organismos.

Para completar el marco de protección y preservación a la explotación minera, según lo expresa el Dr. Manuel Egaña en su libro Venezuela y sus minas, “el genio del Libertador da el paso fundamental en el desenvolvimiento de la doctrina minera en Colombia y de las tres naciones que la componían” al emitir, el 24 de octubre de 1829, en Quito, el decreto trascendental de nacionalización de la minería y sobre el cual emite los siguientes conceptos el eminente bolivariano, Dr. Numa Quevedo, en su obra “Bolívar, legislador y jurista”.

Cito. “No obstante todas las previsiones tomadas por el Libertador para resguardar la explotación y al mismo tiempo la protección de las minas, lo más trascendental, sin embargo, en este orden de ideas, es el decreto en virtud del cual el genio de América nacionaliza los yacimientos mineros como última y suprema providencia para asegurarle al estado el disfrute de las minas de cualquiera clase, como patrimonio definitivo y riqueza por excelencia que corresponde a la república. Este decreto puede considerarse como la máxima preocupación nacionalista que tuvo en cuenta Bolívar para al mismo tiempo, fortalecer su objetivo de libertad y de emancipación de los pueblos del continente. Bien sabía que la agricultura y la minería eran las dos canteras o fuentes principales desde el punto de vista económico de una nación, como que estos renglones consolidaban dentro de un criterio de adecuada explotación los recursos más vigorosos, y sobretodo, más fundamentales a los fines estelares que perseguía el Libertador Simón Bolívar. Empero, lo más resonante de esta disposición, es que en su contenido y forma el Libertador Presidente revela no solamente una expresión renovadora, sino una conciencia perfectamente revolucionaria”. Fin de la cita.

Considero una obligación destacar que el texto del Decreto según versión del Dr. Numa Quevedo en el libro citado, lo tomó del original impreso, Registro Oficial, de Bogotá, números 47 y 48, aunque también está reproducido en parte en la Recopilación de Leyes de Colombia que publicó en 1845 el renombrado internacionalista Doctor Lino de Pombo.

Estimo importante destacar varios aspectos del decreto, por la vigencia de algunos conceptos allí emitidos.

En el considerando del mismo, nuevamente hace énfasis en “Que la minería es una de las principales fuentes de la riqueza pública”; que como indispensable recurso natural y estratégico para el objeto último de la lucha, la independencia de América, debe asegurarse la propiedad de la minas contra cualquier ataque y contra la facilidad de turbarla o perderla”asimismo, reconoce la conveniencia de “promover los conocimientos científicos de la minería y de la mecánica, como también difundir el espíritu de asociación y de empresa, para que la minería llegue al alto grado de perfección, que se necesita para la prosperidad del estado”. Refleja esta última consideración del Libertador la necesidad de unir dos factores básicos para el progreso del estado: la ciencia y asociación en empresa.

De todos es conocida la importancia que siempre le dio Simón Bolívar a la promoción de los conocimientos científicos, a tal punto que la incluyó entre los cuatro elementos que según su visión dominan y rigen al mundo:

“Valor, riqueza, ciencia y virtudes. Esas son las cuatro potencias del alma del mundo corporal; esas son las reinas del universo y a ellas debemos ligarnos o perecer”,expresaba el Libertador en carta dirigida al General Santander en julio de 1825.

Del Artículo 1º del referido decreto, por su significación y trascendencia destacaremos dos aspectos: “Conforme a las leyes, las minas de cualquiera clase corresponden a la república, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenamiento de minas y con las demás que contiene este decreto”

En primer lugar resalta el hecho de que soberanamente se legaliza la transferencia de la propiedad de las minas de la Corona de Castilla a la República de Colombia. Con ello, el Libertador nacionaliza las minas, las hace propiedad de la gran nación colombiana, pero es aquí el segundo punto importante, muy lejos estaba en su pensamiento la estatización de su explotación. Pruebe de ello es que “las concede en propiedad y posesión de los ciudadanos que las pidan”, reservándose esta concesión a condiciones expresas en leyes y Ordenanzas de Minas.

Reconocía y permitía el Libertador la participación del ciudadano común, asociado en empresa, en la explotación del recurso minero. En otras palabras, podemos afirmar que daba amplia participación a lo que modernamente se llama iniciativa privada, -empresa privada-, en la explotación de un recurso propiedad del Estado.

En el Art. 37º del referido decreto se amplía esta concepción al “encargar a los Prefectos y Gobernadores de Provincias, que en todo lo que dependa de su autoridad, auxilien y promuevan las empresas de descubrimientos y laborio de las minas, y la perfección de sus trabajos, procurando igualmente cortar los pelitos y desavenencias entre los mineros”

Todo este marco de protección a la explotación de las minas, construido por el Libertador en una secuencia de decretos, refleja la importancia que le dio a estos recursos como factor indispensable para preservar la integridad territorial y alcanzar y mantener la independencia.

Después de analizar y comprender la visión del Libertador sobre la importancia que, como recurso económico y como elemento estratégico de poder, tenía la minería de su época, importancia que lo impulsó a promulgar los decretos sobre nacionalización de las minas, racionalidad en su explotación, necesidad de promover los conocimientos científicos, control de la producción, continuidad operacional, controles administrativos y de personal, sanciones al fraude laboral y patronal y, participación de las sociedades privadas en el negocio de la minería bajo controles del Estado, queda la interrogante sobre cuál sería la situación de nuestra industria petrolera de haber conocido el Libertador este importante recurso energético.

Ayer, el oro y la plata fueron recursos naturales que sirvieron al Libertador para alcanzar y legarnos la independencia política, hoy, otro recurso, el petrolero, debe servir de base para acrecentar nuestra independencia económica y preservar nuestra independencia política.

Seguramente que con el impulso y el apoyo que le hubiera brindado a la promoción de la ciencia y tecnología petrolera, se hubiera logrado desde hace muchísimos años disponer de tecnologías propias que podrían haber adelantado la siembra del petróleo en petróleo y, obtener de él la variedad de productos y subproductos que hoy importamos, multiplicados en diez o cien veces su valor y extraídos en el extranjero de nuestro propio petróleo.

Ese recurso, con toda seguridad, le hubiera permitido al Libertador devolver a los soldados de la independencia a sus llanos, costas y montañas, para sembrar el petróleo en la tierra y en el mar, complementando así, la riqueza de la industria extractiva con la procedente de la industria agrícola y pecuaria. Esta visión me lleva a hacer un paréntesis, recordando a Andrés Eloy Blanco, cuando nos dijo.”Mira, devuélvete para la historia un instante y atrás toma la fuerza para seguir adelante”.

Por ello, en vista de la delicada situación económica que vive nuestro país y del confuso panorama que ofrece el futuro petrolero, pidámosle, a Dios Todopoderoso que, con las enseñanzas de nuestro Libertador Simón Bolívar, ilumine el pensamiento de nuestros dirigentes, para que nuestra riqueza de hoy sea administrada con racionalidad y preservada en beneficio de esta generación y como valioso legado para las futuras generaciones de venezolanos.

Concluyo con unas palabras del eminente historiador y profesor, Manuel Pérez Vila: (cito) “Hoy ya nadie discute cuál vital es la necesidad de crear conciencia conservacionista en todos aquellos –niños, jóvenes o adultos- que carezca de ella, así como para fortalecer la conciencia en quienes ya la posean, pero que tal vez esperan todo de la acción oficial o de la iniciativa de “los demás”. En el empeño de crear y fortalecer este espíritu activamente conservacionista del cual depende la supervivencia de la nación, el ejemplo de Bolívar nos ofrece saludable estímulo y válida orientación. Si en nuestra época la ciencia y la técnica son, por fortuna, infinitamente superiores a las de ayer, el espíritu no ha cambiado tanto. Y en la vía tenemos, delante de nosotros, marcando el rumbo y abriendo cauce, al LIBERTADOR

​Daniel E. Chalbaud Lange

@danielchalbaudl

REMISIÓN:
May De La Vega
28 de enero de 2018.

IMAGEN SUPERIOR: Por cortesía de Wikipedia 

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Acerca de LA PROTESTA MILITAR

Sammy Landaeta Millán es Coronel de la Fuerza Aerea Venezolana, en Situación de Retiro, según resolución N°7446 de fecha 27 de julio de 2000 (Propia solicitud). Licenciado en Ciencias y Artes Militares (Opción Aeronáutica). Especialista en Administración de los Recursos de la Aviación. Maestria en el Empleo del Poder Aéreo. Diplomado Estado Mayor Conjunto N°14. Diplomado Curso Especial de Seguridad y Defensa para Ejecutivos. Piloto Aviador Militar. Piloto de Helicópteros Militares. Piloto de Helicóptero Comercial. Especialista en Busqueda y Salvamento. Administra Edita y desde la Gran Caracas. VENEZUELA, el blog de opinión militar y politica. LA PROTESTA MILITAR http://laprotestamilitar.blogspot.com y
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