Archivo de la categoría: IPSFA

VENEZUELA / #IPSFA: Carta a Nicolás Maduro Moros en relación con el @IPSFASOCIALISTA Por: Coronel Jesús Alberto Montes Delgado. Inpreabogado 14.413

Caracas, 18 de Abril de 2018

Ciudadano

Nicolás Maduro Moros

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y

Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Su Despacho. –

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la oportunidad de hacerle llegar un respetuoso y cordial saludo, en su carácter de Comandante en Jefe y máxima autoridad jerárquica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, inicio esta misiva con el señalamiento de la disposición rectora que sistematiza la prestación económica permanente y periódica del profesional militar de la reserva activa, en base a los servicios prestados a la República, vale decir, el artículo 39 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que señala textualmente: “Las pensiones del personal militar profesional, la reserva activa, discapacidad y familiares sobrevivientes calificados, se ajustarán de inmediato y en razón directa, cada vez que se produzcan aumentos en las remuneraciones del personal militar profesional en situación de actividad incluyendo el sueldo, las primas, bonos y demás beneficios socioeconómicos comunes existentes o que establezca el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Defensa” (Subrayados y énfasis propios).

En tal sentido, hago ésta acotación dado que, desde el 23 de enero de 2017 vengo señalando con suficiente diafanidad todos los hechos y acciones asumidos por el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), que violan cánones constitucionales y legales, cuya naturaleza son de orden público y de aplicación inmediata, creando disposiciones que vulneran principios de intangibilidad y progresividad de derechos y beneficios laborales so pena de las responsabilidades que esto genera; se han venido excluyendo principios de leyes de mayor jerarquía y en el caso in comento, la Constitución Nacional como norma suprema. Aunado a ello, el desconocimiento de derechos adquiridos,que son interpretados como “acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario…” (Énfasis propio).

Es menester reseñar de la misma manera, que cualquier beneficio socioeconómico establecido en la Convención Colectiva Marco Socialista de Trabajo de la Administración Pública Nacional 2015-2018, también le es aplicable al personal militar profesional de la reserva activa dado que dicho instrumento contractual fue acogido por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en su plenitud, y de manera paulatina se ha venido aplicando parcialmente sobre la base de la “…homologación de la pensión en lo atinente a beneficios laborales que percibe el personal militar profesional en situación de actividad, …sueldos…primas…bonos y demás beneficios socioeconómicos comunes existentes o que establezca el ente ministerial…”;ya que, de emplearse cualquier instrumento administrativo inadecuado o impropio en esta materia afectaría los patrocinios tantas veces puntualizados, incidiendo considerablemente en la calidad de vida del profesional militar de la reserva activa y los familiares sobrevivientes calificados (Énfasis propio).

No obstante, el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA),

viene manejando, arbitrariamente, un razonamiento insólito que rompe con todos los esquemas jurídicos del referido Convenio y que la vigente Directiva N° 50-23-01-01/001-2017, aprobada por el Titular del Despacho de la Defensa, regula adecuadamente como es el caso del pago de la Prima de Profesionalización, aplicablea todos los profesionales militares (Oficiales de Comando, Técnicos del Proceso de Transición, Técnicos Egresados desde el 2009, Tropas del Curso Avanzado o Integral en su Especialidad y Asimilados), que haya obtenido el grado de instrucción, vale decir, Técnico Superior Universitario, Profesional Universitario, Especialista, Maestría y Doctorado; sin embargo, dicho Instituto sólo viene aplicando este patrocinio al profesional militar que se encuentre en la situación de actividad, desconociendo y contradiciendo evidentemente el mandato del General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa y de usted, ciudadano Presidente, quien ejerce la acción de mando mediante órdenes e instrucciones como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y las cuales quedaron plasmadas taxativamente en el citado acto administrativo (Directiva), al expresar lo siguiente: “…. El personal militar profesional… en reserva activa a partir del mes de enero de 2004, recibirá la Prima de Profesionalización que se hará efectiva mensualmente…”, no ponderando o estableciendo ninguna otra condición o exigenciarequisitoria(Énfasis y subrayado propios).

Inconcusamente se observa un desconocimiento total del principio de legalidad administrativa’’, según el cual todos los actos de la administración deben ser cumplidos dentro de las reglas preestablecidas por la autoridad competente que lo emitió, en la actividad que ella misma ha creado y en virtud de la jerarquía administrativa que implica la subordinación de los funcionarios inferiores a los superiores. En otras palabras, si el Titular del Despacho del Sector Defensa, emite un acto administrativo de efectos generales bajo la figura de una Directiva donde establece la estructura de las remuneraciones, primas, bonos, raciones, entre otros beneficios socioeconómicos para el personal militar en general, dando cumplimiento a las instrucciones impartidas por usted, como Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mal puede un ente descentralizado del inferior nivel como es el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), desconocer e ignorar los efectos jurídicos de dicho acto dictado por un órgano superior jerárquicamente y por otro lado, ¿Cómo queda la tutela administrativa efectiva que ejerce el ente rector (MPPD) sobre los sujetos o entidades bajo su adscripción? (Énfasis y subrayado propio).

Es meritorio acotar igualmente que, la violación del “principio de legalidad administrativa’’, por una autoridad administrativa vicia el acto administrativo y lo enmarca dentro de un contexto de ilegalidad e intrínsecamente lo subsume dentro de la figura de una ‘’extralimitación de atribuciones’’ que, por su naturaleza, corresponde a una incompetencia de orden administrativo de mandato legal y grado jerárquico; siendo anulable esta actuación por generar vicios de ilegalidad y en razón a ello, acarrea “responsabilidad administrativa’’ del nivel superior por no aplicar los correctivos pertinentes y del nivel medio, al desvirtuarse la ejecución de un acto administrativo de esta naturaleza. Asimismo, se hace necesario puntualizar que ha sido criterio constante y reiterado del Tribunal Supremo de Justicia que “ningún acto administrativo podrá violar lo establecido en otro de superior jerarquía” (Énfasis propio).

Complementando los tantos desafueros y afianzando posiciones legales esgrimidas en mis comunicaciones ya remitidas a usted ( 20 de marzo de 2017, 04 de abril de 2017, 17 de abril de 2017, 15 de mayo de 2017, 06 de junio de 2017, 28 de julio de 2017 y 28 de diciembre de 2017), es menester recordar la jerarquización de las normas, según Hans Kelsen, al sostener que “la norma positiva de mayor jerarquía es la Constitución, la cual se encuentra en la cúspide de la pirámide jurídica y de ella, se deriva el fundamento de validez de todas las otras normas que se hallan por debajo de ella”, es decir, se trata de un sistema de normas jerarquizadas como una pirámide de varios niveles. Al respecto la Constitución Nacional, consagra este principio en el artículo 7, que indica, “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.Y este principio se complementa con el artículo 25, el cual expresa: Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurrirán en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusas órdenes superiores” (Énfasis propio).

De allí se deriva que, dentro de los niveles existen las Leyes Orgánicas, Leyes Especiales, Leyes Ordinarias, Decretos, Reglamentos, Resoluciones, Órdenes, Providencias y otras decisiones adoptadas por los órganos de la Administración Pública Nacional, como Instrucciones o Circulares ydentro de este último nivel, se encuentran las Directivas. Es menester enfatizar, que cuando se hace referencia a los beneficios socioeconómicos, estos deben encausarse como una entidad primordial, cuyo interés supremo es garantizar la protección integral de los trabajadores ,sin excepción, fortaleciendo el progresivo establecimiento de las relaciones sociales, basadas en la igualdad, la equidad, la solidaridad, la justicia social y la plena inclusión, asegurando los derechos, garantías y beneficios laborales, conforme a lo previsto en la Constitución Nacional, Tratados y Convenios suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela (Énfasis y subrayados propios).

En este mismo sentido, otros beneficios que se mantiene al margen de la transgresión y sin experimentar cambios, lo constituye el Bono Recreacional, para el personal militar profesional de la reserva activa, ya que de los tantos Proyectos de Ley que fueron estudiados por las Comisiones Legislativas instauradas por los Ministros del Poder Popular para la Defensa para esos entonces, uno de los últimos proyectos, indicaba: Bono Recreacional. Artículo… El personal militar profesional con goce de pensión y familiares sobrevivientes con goce de pensión, tienen derecho a un bono anual recreacional, correspondiente a su grado o jerarquía, de acuerdo a los años prestados en situación de actividad. No obstante, posteriormente entra en vigencia, en forma precipitada, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el 29 de diciembre de 2015, excluyendo del texto legal original algunos beneficios socioeconómicos e incorporándolos truncados en la Directiva N° 50-23-01-01/001-2016 del 01 de enero de 2016 (Énfasis y subrayados propios).

En este orden de ideas, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa se cobija bajo los parámetros laborales de los funcionarios de carrera, contemplados en el Convención Colectiva Marco Socialista de Trabajo de la Administración Pública Nacional 2015-2018, suscrito por el sector público y axiomáticamente transcribe los patrocinios en la Directiva N° 50-23-01-01/001-2016 del 01 de enero de 2016, cambiándole en algunos puntos el espíritu, propósito y razón que el legislador quiso imprimir a las disposiciones; entre estos pueden señalarse, el Bono Recreacional pagado por monto igual a la pensión mensual de treinta (30) días y no por los años prestados en situación de actividad o en su defecto como lo plantea el nombrado Convenio. Sin embargo, al personal militar profesional en situación de actividad le pagan el Bono Vacacional en el orden de cincuenta (50) días sobre la base de la remuneración mensual integral.

Es preciso hacer hincapié, que la erogación antes indicada se realiza conforme a la Convención Colectiva Marco Socialista de Trabajo de la Administración Pública Nacional 2015-2018 (Clausula 37), totalmente contrario a lo establecido en el artículo 39 del citado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, el cual concluyentemente establece que en la misma proporción que el personal militar profesional en situación de actividad perciba incrementos en el sueldo, primas, bonos y demás beneficios… se ajustarán de inmediato y razón directa estos beneficios al personal militar profesional de la reserva activa; evidentemente, se han generado diferencias económicas por este concepto durante los meses de marzo de 2017 y 2018, que no han sido cancelados al personal en situación de Reserva Activa.

De igual manera, aparecía redactado en los proyectos mencionados el Bono de Alimentación de la forma siguiente: …Artículo … El personal militar profesional con goce de pensión y familiares sobrevivientes con goce de pensión, tienen derecho al Bono Alimentario, el cual es cancelado en la misma proporción, frecuencia y oportunidad en que se pague el correspondiente beneficio alimentario que recibe el personal militar profesional en situación de actividad. Por el contrario, la mencionada Directiva N° 50-23-01-01/001-2016 (2016), en el aparte donde desarrolla el Programa de Alimentación expresa que al personal militar profesional en situación de actividad se le hará un pago de treinta (30) días por mes conforme a la vigente Unidad Tributaria, la cual varía cuando se experimenta un incremento salarial por parte del Ejecutivo Nacional y aunque el personal militar profesional de la reserva activa también percibe un pago denominado Retribución Especial por treinta (30) días cada dos (02) meses, nunca son iguales los pagos en lo atinente a las cantidades de Unidades Tributarias, por cuanto siempre existe una diferencia de dos (02) o tres (03) de ellas, en relación con el personal militar profesional en situación de actividad y de la reserva activa, aunado a ello que los primeros se benefician con los Comedores de las Unidades; por ello, cabe preguntarse ¿Qué sucede con el mandato del artículo 39 del citado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley? ¿Se ignora? (Énfasis y subrayados propios).

Es oportuno sugerir respetuosamente, ciudadano Presidente, como se lo plantee en la comunicación enviada en fecha 28 de julio de 2017 que,ante la arbitrariedad evidente de un Ministro de la Defensa, en tiempos pasados, se realice un estudio jurídico pormenorizado que permita implementar nuevamente la ‘’Prima de Alimentación’’ beneficio este que venía percibiendo el personal militar profesional de las Fuerzas Armadas Nacionales (Hoy Fuerza Armada Nacional Bolivariana), aun cuando constituía un derecho adquirido y de orden público,bajo los mismos lineamientos administrativos del bono de alimentación, cuyos incrementos se ejecuten sobre los porcentajes de Unidad Tributaria vigente, con la peculiaridad que sus efectos sean hacia el futuro y no retroactivo, de existir alguna reclamación , y que de haberlo se llegare a un acuerdo, con fundamento en la parte final del artículo 328 de la Carta Magna ‘’… con un régimen de seguridad social integral propio’’.

Se hace necesario, entonces, retomar un aspecto importante acerca de la “Prima de Profesionalización”, que fue omitido inicialmente por quien suscribe y que se relaciona con la solicitud formulada de este patrocinio desde el 23 de enero de 2017 y fue en fecha 08 de febrero de 2018, cuando recibí respuesta a pesar de las reiteradas comunicaciones del 12 de julio, 29 de agosto, 28 de septiembre, 17 de noviembre, 30 de noviembre y 15 de diciembre de 2017, donde expresa la Consultoría Jurídica del Instituto que debo: ‘’… consignar ante la Gerencia de Bienestar Social, copia del certificado a través del cual se otorgó el grado de Maestría… ‘’.Al respecto, debo señalar que el 12 de julio de 2017, luego de sostener una entrevista con el Cnel. Gerente de Bienestar Social del Instituto, para ese momento, este impartió instrucciones a los efectos de entregar estos recaudos a la Asesora Jurídica de la citada Gerencia y una vez cotejados como fueron con los originales, me fueron devueltos; las copias que conformaron mi expediente fueron enviados a la Consultoría Jurídica del Instituto, para solicitar una opinión legal si me correspondía o no este beneficio (Énfasis propio).

En tal sentido, no entiendo como luego de doce (12) meses me están requiriendo estos recaudos cuando fueron entregados oportunamente; se evidencia una actuación por parte del empleado o trabajador irregular que amerita la apertura de una investigación administrativa y la aplicación de los correctivos disciplinarios de rigor, motivado a la falta de diligencia, ya que sin perjuicio de los deberes que le imponen las leyes y reglamentos en razón de su cargo o puesto de trabajo, como son la vigilancia, conservación y salvaguardar los documentos bajo su guarda, uso o administración, éste perdió los mismos y su supervisora al enviar el expediente a la Consultoría Jurídica del Instituto, no revisó o constató la falta de dicho recaudos donde se fundamentaría el estudio jurídico solicitado, generándose una correlación de responsabilidades (Énfasis propio).

Ahora bien, otro punto que cada día se viene agudizando o empeorando es la misión que cumple la Oficina de Informática del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), en cuanto a la emisión y entrega oportuna de la Planilla de Liquidación de Haberes (Recibo de Pago), correspondiente al pago mensual de la pensión o de cualquier otro concepto (bonos, primas, diferencias salariales, entre otros) y nadie asume la responsabilidad a pesar de las constantes quejas o reclamos. En el caso que me ocupa, recientemente solicite el soporte del Bono Recreacional,a los efectos de verificar el monto depositado durante el mes de marzo y después de recorrer un arduo camino, en la Oficina de Pensiones de la Gerencia de Bienestar Social del Instituto, fue donde se me proporcionó la información de forma verbal, pudiendo apreciar que dicho bono, fue pagado sobre la base del monto de la pensión mensual (Marzo 2018), vale decir, treinta (30) días y no como al personal militar profesional en situación de actividad, ya que le pagaron el Bono Vacacional por elorden de los cincuenta (50) días y sobre la base de la remuneración mensual integral y de acuerdo a la Cláusula 37 de la Convención Colectiva Marco Socialista de Trabajo de la Administración Pública Nacional 2015-2018 ¿Cómo queda el mandato del artículo 39 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? (Énfasis y subrayado propio).

Importante es aclarar que todas las áreas puntualizadas en el presente escrito han sido puestas en conocimiento, por quien suscribe, al General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa (23 de enero de 2017 y 03 de marzo de 2017, indistintamente de la copias cursadas y consignadas en mesa de parte del Despacho); al General de División Presidente del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (13 de junio de 2017, 12 de julio de 2017, 15 de agosto de 2017, 29 de agosto de 2017, 15 de septiembre de 2017, 31 de octubre de 2017, 17 de noviembre de 2017, 30 de noviembre de 2017, 15 de diciembre de 2017); a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (28 de agosto de 2017 y 28 de septiembre de 2017) e incluso, el Procurador General de la República (08 de enero de 2018, 29 de enero de 2018, 28 de febrero de 2018 y 02 de abril de 2018), defensor de los derechos e intereses de la República,generándose un total mutismo hasta al presente y nos ufanamos en decir que contamos con la mejor Constitución del mundo esgrimiéndola en todas las disertaciones y controversias, por lo cual se hace necesario recordar el contenido del artículo 51 de este supremo instrumento legal, que indica: “Toda persona tiene el derecho de presentar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o estás, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley” (énfasis y subrayado propio).

Finalmente, veo con tristeza como algunos de los integrantes de nuestra organización castrense, teniendo el poder constitucional de consolidar un régimen de seguridad social integral propio, conforme a los postulados del artículo 328 de la Constitución Nacional, lo nubla la mezquindad por presuntos intereses lóbregos en desarrollar un verdadero y progresivo sistema de seguridad social tendiente a proteger a todo el personal militar profesional, la reserva activa y familiares sobrevivientes calificados, pareciera que no existe un liderazgo claro en el sector defensa sobre la seguridad social y, por el contrario, existan gremios profesionales nacionales aventajados que pensando en satisfacer las necesidades humanas y crear las condiciones materiales, sociales y espirituales permitan a la familia, ser el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas y lograr una sociedad justa, basada en la valoración ética del trabajo y la participación activa, consciente y solidaria de los trabajadores, jubilados, pensionados y sobrevivientes, logran excelentes beneficios socioeconómicos y disfruten de ellos.

De lo antes reseñado, tenemos como ejemplo: Asignaciones para los trabajadores jubilados, pensionados y sobrevivientes, en los mismos términos que se acuerda a los funcionarios activos, entre algunos de ellos, bonificación de fin de años (120 días); bono recreacional (60 días); servicios de salud con una cobertura básica de hospitalización, cirugía y maternidad (Bs. 20.000.000,00); servicios funerarios (Bs. 15.000.000,00); así como todos los demás beneficios cuyo disfrute no esté vinculado al servicio activo; por otra parte, compensación académica (prima de profesionalización), títulos universitarios de pre y postgrado: Técnico Superior Universitario 15%; Licenciatura 20%;Especialización 25%;Maestría 33%; Doctorado 35%.

Agradeciéndole de antemano la atención que pueda dispensar a los planteamientos antes esgrimidos, no puedo dejar de mencionar las célebres palabras del escritor español, Francisco de Quevedo: “Donde hay poca justicia es un peligro tener la razón”

Atentamente,

Jesús Alberto Montes Delgado

Coronel

Inpreabogado 14.413

C.C. G/J. Ministro del Poder Popular para la Defensa

C.C. M/G. Presidente de la Comisión de Defensa y FANB / ANC

C.C. G/D. Presidente del IPSFA

C.C. Magistrado Héctor Coronado

Teléfono: 0416-635.00.46

hipogrifo2010@hotmail.com

REMISIÓN:

De: MOISES BRUNSTEIN
Fecha: 19 de abril de 2018, 14:32
Asunto: Fw: IPSFA.

‘Quien camina por la calle del después, siempre llegará al lugar del nunca.”
Dr. Lair Ribeiro

PARA VER EL DOCUMENTO EN WORD, HAGA CLICK AQUI:

CARTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA – IPSFA – 18ABRIL18.docx

NOTIFICACIÓN: IPSFA…LOCATEL. TRATAMIENTO PROLONGADO.

locatel

FUENTE: Página web IPSFA http://www.ipsfa.mil.ve/html/index.php