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>REPORTAJE: PRISIONEROS DE CHÁVEZ. En la celda de los generales

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EL PAÍS entra en la prisión donde Hugo Chávez encierra a compañeros de armas desafectos. Uno de ellos, el general Baduel, repuso en el poder al presidente venezolano tras la intentona golpista contra él en 2002

Los generales Isaías Baduel (izquierda) y Wilfredo Barroso (centro) junto al almirante Carlos Millán, en el penal donde se encuentran recluidos sin juicio.– Maye Primera

El general Isaías Baduel (derecha), junto a Hugo Chávez en un acto militar en 2005.– FOTO: EFE

Isaías Baduel en la celda donde se encuentra recluido en la actualidad.– Maye Primera

MAYE PRIMERA 13/09/2009

La última vez que Hugo Chávez y Raúl Isaías Baduel se hablaron fue el 17 de julio de 2007: el día en que Baduel entregó el mando del Ministerio de la Defensa de Venezuela y, al mismo tiempo, se convirtió en un traidor para el Gobierno. Pasado el momento del protocolo, y después de un discurso de despedida donde el general cargó contra el capitalismo de Estado y recordó el fracaso del socialismo real, Chávez tomó a Baduel por los hombros y con media sonrisa bromeó en privado: “Ahora que vas a tener bastante tiempo, me imagino que te vas a ir a tus latifundios”. Dijo “latifundios”, esa invención burguesa a la cual su revolución le había declarado la guerra. “¿Qué latifundios?”, se preguntó Baduel. Dos semanas más tarde, cuando comenzaron a investigarle por la supuesta posesión de tierras, pisos y coches que ni en mil años habría podido costear con su sueldo de ministro, el general comprendió que la frase de Chávez había sido una amenaza velada. “Enriquecimiento ilícito” es uno de los tres cargos de los que le acusó la Fiscalía Militar en abril de 2009 y por los que ya lleva cinco meses en prisión.

Hasta ese 17 de julio de 2007, Chávez apodaba a Baduel Papa, sin acento y con cariño. No está claro si en honor a la amistad de más de veinte años que los unía, o a propósito de los aires místicos que envuelven a Baduel. Un general que se declara católico con un toque de taoísta, lector de la Cábala y que se despide siempre en sus cartas y discursos con la misma frase: “Que Yahvé, Elohim de los Ejércitos, Supremo hacedor de todas las cosas, bendiga y guarde por siempre a la República Bolivariana de Venezuela”. Mítico por haber sido uno de los cuatro militares que en 1982 juró con Chávez “no dar descanso” a su brazo hasta instituir en Venezuela “una democracia a favor de los más pobres”, y por haber restituido a Chávez en el poder el 11 de abril de 2002, cuando un intento golpista pretendió derrocarlo. El 2 abril de 2009, Papa fue detenido en medio de un gran despliegue militar. “Me secuestraron”, afirma. “Iba en mi coche, con mi esposa, me cortaron el paso con varios vehículos. Bajaron de ellos varios hombres sin identificación y nos apuntaron a la cabeza, con las pistolas listas para disparar. Ante el riesgo, no opuse resistencia. Al día siguiente me presentaron ante el tribunal que decidió mi reclusión”.

Baduel comparte hoy un calabozo del Centro Nacional de Procesados Militares con otros dos oficiales que también formaron parte del alto mando militar de Hugo Chávez: el general de división Wilfredo Barroso y el almirante Carlos Millán Millán, acusados hace un año de “magnicidio” y luego de “rebelión militar”; los únicos detenidos por ese delito, a pesar de que en diez años el Gobierno venezolano ha denunciado 28 supuestos intentos de golpe de Estado y magnicidio.

A la celda que comparten, la primera a la izquierda en la tercera planta del edificio, le llaman “la celda de los generales”. Se trata de un dormitorio-cocina-sala de estar de unos 50 metros cuadrados. En el extremo derecho hay una ducha, un par de servicios y dos lavamanos con goteras, en los que se alterna un cartel cada semana: “Dañado. No utilizar”.

-Han ido remodelando todos los calabozos, pero éste lo han dejado para el final -se queja uno de los generales.

La cama de la izquierda y la biblioteca compuesta por El tercer Jesús, de Deepak Choopra; la Biblia, un tomo de las enseñanzas de Juan Pablo II y un ejemplar de Los tontos mueren, de Mario Puzzo, son de Raúl Isaías Baduel: 55 años, ministro de Defensa entre 2006 y 2007, el hombre que rescató a Hugo Chávez de la isla adonde lo llevaron los golpistas el 11 de abril de 2002 y lo devolvió al poder 48 horas después. También es de Baduel el reproductor de CD, con el que pincha cantos gregorianos.

La cama del fondo, con tres estatuillas de la Virgen sobre el pequeño armario y la estampa de Jesús de Nazaret colgada en la pared corresponden al almirante Carlos Millán Millán: 54 años, y hasta hace tres, jefe del Estado Mayor Conjunto y segundo de a bordo del Ministerio de Defensa.

-Los tres somos católicos. Durante el día nos dedicamos a la lectura, a las prácticas religiosas, a comentar la situación interna del país y a hacer ejercicio para estar en forma. Yo he rebajado 18 kilos desde que llegué aquí y me encuentro mejor que nunca -dice Carlos Millán Millán, al tiempo que se toca el abdomen.

La máquina de hacer ejercicio es del general Wilfredo de Jesús Barroso, el que está tendido en la cama de la derecha, leyendo El Zohar, el libro fundamental de la Cábala: hasta 2004, jefe del Estado Mayor General de la Guardia Nacional, el cuerpo militar con más presencia en el país antes de que Chávez ordenara la creación de la milicia bolivariana de reservistas.

-Aquí no tenemos privilegios ni exigimos privilegios. El trato siempre ha sido respetuoso, salvo el allanamiento del 1 de septiembre.

Se refiere al día en que el coronel Pablo Rodríguez, director de contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), dio la orden de “tumbarle la celda a los generales”. Sus oficiales lanzaron al suelo lo que encontraron a su paso, requisaron los armarios, las camas. Buscaban un teléfono móvil. Sobre la alacena más grande, a la vista de todos, hay cuchillos de cocina de todos los filos y tamaños a los que no les dieron mayor importancia. Para la contrainteligencia es más peligroso que los generales dispongan de un teléfono móvil.

Carlos Millán Millán y Wilfredo Barroso se encontraban en situación de retiro, sin mando de tropas, cuando vieron por televisión la noticia de que eran los coautores de un plan para asesinar a Hugo Chávez. El 10 de septiembre de 2008, el programa de opinión La hojilla, que transmite el canal del Estado, difundió varias grabaciones telefónicas en las que se escucha a un supuesto grupo de oficiales urdir una estrategia para derrocar al jefe del Estado. Dos de esas voces, según el comentarista, corresponden a Barroso y a Millán. Al día siguiente, ambos se personaron en la Fiscalía Militar para conocer los cargos en su contra.

-Fuimos a la Fiscalía creyendo en el sistema judicial y porque el que nada debe, nada teme -explica Carlos Millán-. Pero, por el contrario, en nuestro caso se han violado todos los procedimientos establecidos en la Constitución y en el Código de Justicia Militar. Se nos acusó primero de magnicidio, y no hay un muerto. Luego se nos acusó de instigación a la rebelión, y no hay instigados.

Los abogados de Millán y Barroso sostienen que las grabaciones por las que se les acusa son un montaje: retazos de conversaciones telefónicas, burdamente editadas, que juntas transcriben parcialmente lo que sigue:

Voz en off, atribuida a Wilfredo Barroso: “Aquí el objetivo es uno sólo… vamos a tomar el Palacio de Miraflores… vamos a tomar las plantas televisoras… Ok, el objetivo tiene que ser uno sólo… es decir, todo el esfuerzo a donde está el señor… si está en Miraflores, hacia allá todo el esfuerzo”.

Voz en off atribuida a Carlos Millán Millán, que responde a la pregunta de un interlocutor desconocido sobre si es posible tomar la Comandancia General de la Armada: “Sí, el comandante del cuartel…No, fíjate, en caso de una emergencia, que tú sepas que están asaltando la comandancia, entonces tienes que esperar que llegue el (batallón) Bolívar con las unidades a darle apoyo y el Bolívar en este caso está de nuestro lado”.

Voz en off de un tercer conspirador, que se atribuye al mayor Elímenes Labarca, retirado de la Aviación desde 1999 y preso en el segundo piso de la misma cárcel que Barroso y Millán: “Una de las acciones que pudiera ser es volarlo [el avión presidencial de Hugo Chávez] … capturarlo con aviones en el aire”.

-Cuando se ordenó nuestra detención -argumenta Barroso en su defensa-, yo tenía dos años sin visitar una instalación militar. La DIM interrogó a todos los comandantes de unidades, tratando de buscar una conexión de oficiales en activo con nosotros, y no encontró nada. Los únicos testigos que promovió la Fiscalía son conserjes, vigilantes y ancianas.

“Tenemos un aparato de inteligencia y contrainteligencia muy eficaz. Sabíamos de las denuncias, pero la verdad verdadera es que los detalles los supimos cuando él (el comentarista de Venezolana de Televisión) los hizo públicos”, fue lo único que atinó a decir sobre las grabaciones el general Jesús González González, jefe del Comando Estratégico Operacional y segundo hombre más importante del Ministerio de la Defensa. Después, una comisión de diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela añadió al expediente fotografías de avenidas por las que transitaría Hugo Chávez, supuestamente tomadas de un ordenador incautado a Barroso; un vídeo de un F-16 en vuelo y la imagen de un lanzacohetes AT-4 con el que sería derribado el avión presidencial; el mismo modelo de lanzacohetes incautado a la guerrilla de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), que eran propiedad de Venezuela y que, según el presidente Chávez, son chatarra militar.

En un año, Barroso y Millán no han sido llevados a juicio. Tres veces se han suspendido las vistas en sala de audiencia, con tres excusas distintas: porque renunció el defensor público de uno de los acusados; porque, por error, convocaron el juicio para un día festivo, y porque no hay juicios durante las vacaciones judiciales. Si aún no han sido condenados, ¿cuándo creen que saldrán? Responde Barroso: “Los presos políticos tenemos fecha de entrada en la cárcel, pero no fecha de salida”.

El edificio, construido en la cima de una colina sembrada de eucaliptos, a 30 kilómetros de Caracas, fue acondicionado en 1992 como prisión militar para recluir al teniente coronel Hugo Chávez Frías y a los oficiales que le acompañaron en el fallido golpe del 2 de febrero de ese año contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez (finalmente, Chávez quedó detenido en un penal para presos comunes). Desde que ocupa la presidencia de la República, Chávez utiliza esta cárcel para encerrar a enemigos políticos y antiguos compañeros de armas que se han enfrentado a su Gobierno.

Ya han pasado por las mismas celdas el general Francisco Usón, ex ministro de Finanzas del Gobierno de Chávez, condenado en 2004 a cinco años y medio de prisión por el delito de “ultraje a la Fuerza Armada”, en libertad condicional desde 2007; el ex presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, condenado en 2005 a 15 años de prisión por promover la huelga petrolera de diciembre de 2002 contra el Gobierno, y ahora en fuga; el capitán Otto Gebauer, condenado en 2007 a 12 años, seis meses y 12 horas de prisión por “insubordinación militar” y “privación ilegítima de la libertad del presidente Hugo Chávez” en grado de complicidad (cometidos el 11 de abril de 2002). Y el autor material e intelectual del delito que se le imputa a Gebauer, el coronel Luis Beltrán Vahamonde Rojas, condenado a tres años y dos meses de prisión, y puesto en libertad al cumplir un tercio de la pena.

El capitán Gebauer es el único militar que sigue tras las rejas por el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Ocupa una de las celdas situadas frente a la de los generales. Se lleva bien con Barroso y con Millán. Pero a Baduel ni le dirige la palabra. Gebauer fue el oficial que custodió a Hugo Chávez, como presidente depuesto, desde la madrugada del 11 de abril de 2002 hasta la noche del 13 de abril, cuando fue restituido en la presidencia con la ayuda de Baduel. A Gebauer se le conoce como el hombre que vio llorar a Hugo Chávez.

-Mi misión era evitar que el personal subalterno observara a Chávez en las condiciones deplorables en las que estaba: demacrado, hinchado de tanto llorar, un presidente dispuesto a irse de Venezuela para Cuba. Se ha tratado de crear una imagen irreal de la actuación de Chávez el 11 de abril. Pero no me van a decir a mí, que lo vi, que Chávez estaba dispuesto a inmolarse por el pueblo de Venezuela.

Ya que comparten la misma cárcel, ¿no ha sentido la curiosidad de conversar con el general Baduel sobre las dos versiones que tienen del 11 de abril? “La verdad es que no. No he tenido tiempo para eso”.

Gebauer no confía en Baduel. Tampoco buena parte de la oposición política venezolana, que sostiene que todo el proceso contra él y los generales Barroso y Millán fue para distraer la atención antes del referéndum constitucional de diciembre de 2007, en el que se votó la posibilidad de reelección indefinida de Chávez.

-Se ha dicho que nuestro caso fue un montaje. Que éramos chavistas, cuando nunca lo hemos sido, cuando ascendimos a generales por méritos y antigüedad. Por eso nadie habla de nosotros -se queja Barroso.

Los nombres de Baduel, Barroso y Millán rara vez se incluyen en las listas de presos políticos venezolanos. Sus antiguos compañeros de armas mandan decir a través de sus mujeres que les recuerdan, pero tampoco van a verlos por miedo a represalias. Es la secuela del sistema de delaciones que, según los generales, Chávez ha sembrado en la Fuerza Armada Nacional. La ley del “todos contra todos”, que funciona en Venezuela dentro y fuera de los cuarteles.

>Chávez anuncia otro pacto de rearme con Rusia

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Fernando Llano/ Foto APEl presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tras su reunión con el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper. Semana.com
MAYE PRIMERA – Caracas – 07/08/2009 / El Pais.com/Internacional.

Hugo Chávez suele decir que no desearía “gastar ni un centavo en armas”, pero las circunstancias obligan. El uso de siete bases militares colombianas por las Fuerzas Armadas estadounidenses le ha llevado a anunciar una nueva compra de armamento a Rusia -de la que no precisó montos ni materiales- que se concretará en septiembre próximo. “Será un conjunto de acuerdos, no sólo de armas, pero será un acuerdo importante de armamento para incrementar nuestra capacidad operativa, la de nuestros sistemas defensivos, de nuestra defensa antiaérea, etcétera…”, dijo el presidente venezolano durante una conversación con la prensa extranjera el pasado miércoles en el palacio presidencial de Miraflores.

“Lo importante es que Rusia nos ofrece facilidades de pago y créditos”, señaló Chávez, en referencia al acuerdo firmado en septiembre de 2008, mediante el cual Moscú extendió al Gobierno de Caracas una línea de crédito por un monto de 1.000 millones de dólares (693 millones de euros) para la compra de material militar. Para la fecha en que este acuerdo fue suscrito, las compras de armas de Venezuela a Rusia, entre los años 2005 y 2008, suponían unos 4.400 millones de dólares, según cifras del Kremlin. En este proceso de rearme favorecido por Moscú se incluyen 100.000 fusiles de asalto Kaláshnikov AK-47, 24 aviones Sukhoi SU con armamento, 5.000 fusiles de Dragunov de alta precisión y la construcción en Venezuela de centros de adiestramiento y de mantenimiento para los equipos.

Por otro lado, la Asamblea Nacional venezolana no contempla a corto plazo discutir sobre una ley especial de delitos mediáticos, según aseguró ayer el secretario del Parlamento, Iván Zerpa, informa France Presse. El responsable explicó que la Comisión de Medios de la Asamblea todavía no ha discutido ningún borrador sobre el asunto y, por tanto, el proyecto de ley todavía no existe como tal.

La semana pasada, la fiscal general venezolana, Luisa Ortega, propuso ante los diputados una ley especial sobre delitos mediáticos que acarrearía penas de cárcel a quienes la incumplan.

Zerpa aclaró que la fiscal no tiene potestades legislativas aunque sí derecho a expresar su opinión. También aclaró que la ley podría ser considerada en el futuro por los diputados y destacó que algunos de los delitos tipificados en el documento ya están incluidos en el actual Código Penal venezolano.

>Chávez cierra 34 emisoras de radio venezolanas críticas con su política

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La amenaza de clausura pende sobre otras 250 estaciones de radio y televisión

MAYE PRIMERA – Caracas – 02/08/2009

“Es grato dirigirme a ustedes para notificarles que estarán fuera del aire”, decía la nota enviada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a cada una de las 34 emisoras de radio que, por orden del Gobierno del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fueron cerradas entre la noche del viernes y la madrugada de ayer, sábado.

Unas horas antes de recibir esta notificación, el presidente de Conatel y también ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, había anunciado oficialmente el cierre inmediato de las estaciones, bajo el argumento de que no habrían renovado sus permisos de transmisión o habrían perdido sus concesiones por el fallecimiento de sus propietarios originales.

“Éstas son las primeras 34 emisoras”, dijo Cabello. “Cuando tomamos la decisión en el Gobierno nacional y revolucionario de democratizar el espectro radioeléctrico, de acabar con el latifundio mediático, lo estábamos diciendo en serio, no estábamos jugando”.

Otras 250 emisoras -40 televisiones regionales y 210 estaciones de radio que han sido amenazadas por el Gobierno con el cierre por “tratar de lavarle el cerebro al pueblo venezolano”- serán las siguientes en la lista de concesiones y propiedades que en los próximos días podrían pasar también manos del Estado.

“Recibimos la instrucción del comandante [Chávez] de acabar con el latifundio radioeléctrico, el latifundio mediático, y lo vamos a hacer. (…) Si la oligarquía no cede en sus privilegios por las buenas, el pueblo los va a obligar por las malas. Y en este caso, en Venezuela el pueblo es el Gobierno”, había dicho ya Cabello ante el Parlamento el 9 de julio.

En Venezuela, la radio llega a donde no lo hace la televisión. Suena en el campo, en las fábricas o en el autobús y es, sobre todo, el pueblo humilde el que la escucha. Según datos oficiales, de las 472 estaciones que operan en el país, 79 son propiedad del Estado y 243 son comunitarias. Entre éstas, el 59% de transmiten en frecuencia modulada y el 51% restante, en onda media y forman parte de alguna cadena de radio. La más grande de todas pertenece al Estado: Radio Nacional de Venezuela, que agrupa a 73 emisoras.

Pero para la revolución chavista no parece ser suficiente, y sus dirigentes consideran que hace falta poner más emisoras en manos del pueblo. Para otorgarle más concesiones a las organizaciones comunitarias financiadas por el Ejecutivo hace falta quitárselas a los “privilegiados” que “desde los circuitos [cadenas] han intentado destrozar a la Revolución Bolivariana”.

A las 7.30 de este sábado (dos de la tarde, hora peninsular española, Víctor Neda apagó para siempre los transmisores de la emisora CNB de Caracas, en la que trabajó como operador de cabina durante los últimos 19 años. El presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, William Echeverría, era el locutor de guardia dentro del estudio: “El policía del pensamiento, Hugo Chávez Frías, es el principal responsable de lo que ha pasado hoy”, alcanzó a decir al aire antes de despedir las transmisiones con el himno nacional.

La cadena CNB agrupa a 10 emisoras de las cuales cinco fueron sacadas ayer del aire, y a través de su señal solía transmitirse, al mismo tiempo que el canal de noticias Globovisión, el programa de opinión Aló, Ciudadano, frontalmente crítico con la gestión gubernamental.

Vecinos, periodistas y dirigentes políticos de la oposición se agruparon ayer en la mañana en los alrededores de las emisoras cerradas en Caracas para protestar contra la medida.

Entre las estaciones de radio que aún siguen abiertas, ninguna se atrevió a transmitir en vivo los llamamientos de los vecinos para salir a manifestarse en las calles. Y las cadenas estatales, mientras tanto, transmitían dibujos animados, como lo hacían las emisoras hondureñas el día del golpe, o imágenes de archivo de la reciente visita a Caracas del ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

>Chávez rompe por tercera vez con Colombia

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El presidente colombiano, Alvaro Uribe denunció que las FARC tenían armas que Venezuela compró a Suecia. The Associated Press

Venezuela niega haber entregado lanzacohetes suecos a las FARC

MAYE PRIMERA – Caracas – 30/07/2009

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó el martes congelar las relaciones diplomáticas con Colombia después de que Bogotá anunciara, la semana pasada, que había confiscado a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tres lanzacohetes AT-4 de fabricación sueca que fueron vendidos al Gobierno de Venezuela en 1988. Suecia ha confirmado el origen de las armas y ha anunciado que pedirá explicaciones a Caracas.

Las autoridades colombianas habían comunicado el hallazgo a Venezuela el pasado 2 de junio, sin que, según Bogotá, hubiera respuesta. Fue el ministro de Exteriores, Jaime Bermúdez, el encargado de entregar a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, “un documento en el cual se evidencia la posesión de esos lanzacohetes por narcoterroristas de las FARC”, asegura un comunicado emitido ayer por la presidencia colombiana. Así mismo, “de manera discreta”, Bogotá entregó “documentos de las FARC que mencionan la colaboración de tres altos funcionarios del Gobierno de Venezuela” en el desvío de ese armamento.

“Es absolutamente falso que nosotros le damos armas a guerrilla alguna. Eso se lo hemos dicho al Gobierno de Colombia una y quinientas veces”, tronó Chávez, que anunció la congelación de relaciones y ordenó llamar al embajador de Caracas en Colombia. Se trata de la tercera vez en cinco años que Chávez amenaza con romper las relaciones bilaterales con su vecino a cuenta de las FARC.

Es a los empresarios de ambos lados de la frontera, más que a los políticos o a los diplomáticos, a quienes más angustia la nueva crisis diplomática. A diferencia de conflictos anteriores, en los que la política binacional iba muy mal pero los negocios seguían muy bien, esta vez el bloqueo amenaza con afectar el intercambio comercial entre ambos países, que sólo en 2008 superó los 7.300 millones de dólares (5.200 millones de euros).

Chávez ordenó a su Consejo de Ministros la suspensión de las importaciones de Colombia y la revisión de las inversiones colombianas. Las expropiaciones también están previstas. Los efectos que tendrá el discurso de Chávez, sin embargo, se esperan en el largo plazo. Ayer, la frontera de más de 2.000 kilómetros que comparten ambos países y por la que transita buena parte de los alimentos y productos textiles que importa Venezuela desde Colombia, seguía abierta.

>Revolución en la fábrica

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Chávez quiere sustituir los sindicatos del sector público por Consejos de Trabajadores vinculados a su partido
MAYE PRIMERA – Caracas – 17/06/2009

Megáfono en mano, un diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela llama el pasado lunes a una asamblea de trabajadores a las puertas de la estatal Aluminios del Caroní. “Estamos siguiendo las instrucciones del presidente [Hugo] Chávez de activar el control obrero”, anuncia, y propone a los camaradas que convoquen a una votación para elegir entre ellos al equipo de trabajadores que asumirá la dirección de la empresa ahora que la revolución ha decidido otorgarle todo el poder al pueblo.

Los trabajadores no le prestan atención. Tampoco lo hacen los obreros de otras 14 empresas básicas del Estado dedicadas a la minería y la siderurgia, ni los del sector petrolero, que, en su mayoría, pertenecen al único reducto donde los candidatos chavistas no han ganado elecciones en los últimos 10 años: a los sindicatos de las empresas públicas. Para ellos, Chávez no es “el comandante”, sino el patrón. Y para Chávez, ellos no son la voz del proletariado, sino un estorbo al que hay que desplazar para dar paso a los nuevos Consejos de Trabajadores, que serán el “frente obrero” y “brazo industrial” de su partido y que estarán de acuerdo en recibir el “salario social” que defina el Estado, sin rechistar.

“Los sindicatos actúan como otro partido”, denunció Chávez el 24 de marzo de 2006, el mismo día que él fundó el suyo: el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Los sindicatos “tienen su dirección, toman sus decisiones, no hay dirección para ellos, no hay líneas estratégicas. Eso no puede ser así. ¡Eso se llama bochinche! ¡Y nosotros no vinimos aquí a hacer bochinche, vinimos a hacer una revolución! (…) Vamos nosotros a buscar directamente en las fábricas a los trabajadores, a hablarles de unidad, de que conformemos un poderoso frente obrero”, dijo el presidente a los militantes de su partido. Dos años más tarde, el plan no ha dado los resultados esperados.
La nueva idea del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social es promover el cambio político por la vía ejecutiva. En el documento Políticas laborales y negociación colectiva, de abril de 2009, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el ministerio analiza “las relaciones laborales y la negociación de convenciones colectivas en el sector público en el marco del modelo rentista capitalista venezolano y su contraste con el modelo de transición hacia el socialismo”. Según el Gobierno, la “progresividad” de los derechos laborales en el “capitalismo rentista”, por ejemplo, “acentúa y enmascara las irregularidades y privilegios, protegiéndolos como si fuesen ‘derechos adquiridos’, siempre bajo el manto de que deben ser mejorados”, y por eso la “transición hacia el socialismo” debe partir de la “identificación y eliminación de todos los privilegios de altos niveles de dirección y cargos de libre nombramiento y remoción” y “consolidar la noción de que [las] convenciones colectivas en el sector público son un instrumento de compromiso con los derechos de todo el pueblo”. Según este plan, el salario de los trabajadores ?que hasta 1999 solía ser acordado en una mesa de negociación integrada por sindicatos, empresarios y Gobierno? deberá ser definido unilateralmente por el Estado bajo el concepto de “salario social”.
La transición hacia el socialismo ideada por el Ministerio del Trabajo también contempla la aprobación de la Ley de Propiedad Social, que ahora discute la Asamblea Nacional y que establece una nueva forma de organización de la masa laboral que sustituiría a los sindicatos autónomos. Haydeé Machín, una de las diputadas a cargo de la redacción de la ley, explica cómo funcionaría este sistema en un artículo publicado el 22 de abril en el portal pro oficialista http://www.aporrea.org: “Los trabajadores deben organizar sus Consejos de Trabajadores de la Producción Social, los más avanzados formarán los Consejos de Brigadistas de la Producción Social y formarán parte de la Reserva Militar de la Producción Social”.
La idea de desplazar la figura de los sindicatos ha generado alarma, incluso entre los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT): una organización fundada en 2003 desde las filas del chavismo, para contrarrestar la influencia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, promotora de la huelga general y petrolera que, entre diciembre de 2002 y enero de 2003, exigió la renuncia de Hugo Chávez a la presidencia. “Éste es un Gobierno antisindical y antiobrero, que tiene una política dirigida a amputar de brazos y manos a las organizaciones sindicales. A través de la Ley de Propiedad Social van a elegir los Consejos de Trabajadores para minimizar la acción sindical. Son una copia de los Comités de Defensa de Revolución de Cuba, donde el único requisito para entrar allí será ser miembro del PSUV”, dice Orlando Chirino, que aún es coordinador nacional de la UNT, pero que ahora lidera el desencanto.

Cacería de sindicalistas
Más de 60 dirigentes sindicales venezolanos han sido llevados ante los tribunales en los últimos dos años. Esta semana, la Fiscalía General presentó cargos por el delito de boicot contra seis trabajadores de la empresa Gas Comunal (filial de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA) que participaron la semana pasada en una protesta para exigir reivindicaciones laborales. “El ministerio público no permitirá sabotaje en la industria petrolera”, argumentó la fiscalía a través de un comunicado en el que informaba de que los obreros deben ahora presentarse cada 15 días ante los tribunales. Si son hallados culpables, podrían ser castigados con penas de seis a diez años de prisión.

Otros 14 obreros de PDVSA corren la misma suerte: en mayo de 2008 lideraron una manifestación en la refinería de El Palito, en el Estado Carabobo, para reclamar el pago puntual de sus salarios y de bonos de alimentación. El mismo día fueron imputados por “instigación a la protesta indebida”, por “generar pérdidas operacionales” y por “obstaculizar una salida de emergencia”.
En enero de 2008, la fiscalía también solicitó la detención de tres directivos del sindicato de la recién nacionalizada Siderúrgica del Orinoco, y de 11 trabajadores de una subcontrata de la misma empresa, por cargos relacionados con un paro realizado en agosto de 2006.

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