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El Arco Minero del Orinoco. Por: Enrique Prieto Silva @Enriqueprietos

PRM Editores Asociados

CARACAS – VENEZUELA

¡El Arco Minero del Orinoco!

Enrique Prieto Silva

Martes 06 de febrero de 2018

Mientras el mundo padece por los ataques de los supuestos hijos de Dios contra los infieles, en Venezuela tenemos que continuar nuestra obra y lucha por descartar las malignidades iniciadas por el “difunto” y su estúpido “socialismo del siglo XXI”, que sin darse cuenta y por su ignorancia, aparecemos incluidos en el listado de los países forajidos, que sin son ni ton, tenemos que vivir de rodillas ante la ingente y desgraciada economía que nos ha transmutado a la indigencia atroz. Pero para mayor desgracia, los pancistas adoradores del “eterno”, han querido imponernos el peor gobierno que esta patria recuerde. Pero más que la estupidez, su testarudez raya en el límite de lo increíble: una férula tiránica, capaz de adorar a un personaje de ficción, como si de un atorrante faraón se tratara. Nunca nuestra paz fue más precaria, ni más sonso nuestro orgullo patriota. La fantasmagórica sarta de pendones procera en “Los Próceres”, es el peor ritual que haya tenido la República, desde la Independencia.

Pero no solo el galardón del infinito descaro salvaje, fue la herencia militarista que nos dejó Chávez, sino que, sin descaro, vemos como su herencia malhechora amenaza nuestra esperanza de recuperación, y lamentablemente, tenemos que acudir a la oración, para pedirle a Dios y a la Virgen, que nos dé el aliento y la sabiduría necesarios para salir de la penuria, y poder ofrecerle un hálito de esperanza a nuestra juventud amedrentada.

Es increíble la estupidez, pero hoy queremos referirnos a la última ocurrencia: recuperar la pérdida petrolera, mediante una intensa explotación minera, en lo que han llamado “Arco Minero del Orinoco”. Un recurso que todos conocemos, y que hemos estudiado siempre con preocupación, ya que el daño del factor minero al medio ambiente es harto conocido. Su efecto es internacional y ha dejado huellas en muchos países y regiones del mundo. De mayor gravedad, que se quiere hacer mediante el uso arbitrario de empresas extranjeras, cuando se ha minimizado la acción protectora del medio ambiente, al eliminar el ministerio que vino especializando su cuidado desde hace mucho tiempo y que politizado se le asignó la desventura de una maltratado “eco-socialismo”, que no es más que una parodia burda para simular apariencias.

Es una situación que se explica en parte por el proceso acelerado de crecimiento y expansión de los sistemas económicos de producción, los cuales reportaron al país numerosos beneficios materiales, pero también daños considerables a los recursos naturales y a la ecología humana, debido básicamente al carácter anárquico que ha asumido el desarrollo de la Venezuela petrolera, frente al ambiente, lo que hoy se agrava con la posible sobrexplotación de los recursos mineros, en este denominado “Arco Minero del Orinoco”, el que debemos entender como el medio más reciente creado por el gobierno “bolivariano”, para obtener recursos económicos que permitan paliar la extravagante miseria a la que fue conducido el país por la errada política económica y financiera proyectada por el equivocado Plan de la Patria.

El proyecto del Arco Minero del Orinoco tiene su origen en un plan de explotación minera al sur del rio Orinoco, bautizado con este nombre por el difunto presidente Chávez, que, si no va acompañado de un eficiente programa de control ambiental, como lo establece la Constitución, pondrá en peligro la mayor fuente de recurso hídrico del país, parte del pulmón amazónico del mundo.

El “Arco Minero del Orinoco”, oficialmente Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, es un área rica en recursos minerales que el gobierno de Nicolás Maduro pretende explotar; ocupa mayoritariamente el norte del estado Bolívar y en menor proporción el noreste del estado Amazonas y parte del estado Delta Amacuro, que según sus estudio proyectivos, cuenta con 7000 toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales. ​Abarca un área de 111.846,86 km², es decir 12,2 % del territorio venezolano; duplicando a la faja petrolífera del Orinoco​ atraviesa selvas como el Imataca, La Paragua y El Caura, y las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní. Según información del ministro de Desarrollo Minero y Ecológico, el arco minero del Orinoco tiene un potencial de unos 2 trillones de dólares. Su formalidad legal apareció el miércoles 24 de febrero de 2016 en el decreto 2.248 de la Gaceta Oficial 40.855, donde se materializa la creación de Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Decreto el cual incluye la certificación y cuantificación de las reservas mineras de esta zona, convirtiéndose en el denominado ​ Motor Minería de la Agenda Económica Bolivariana, en el cual posteriormente el general Vladimir Padrino López, ministro de la defensa​ anunció el 5 de agosto de 2016 que “se activará la unidad especial para el Arco Minero del Orinoco” y posteriormente, el 7 de septiembre de 2016, el ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal, informó que empezó la etapa de exploración del arco minero del Orinoco y señaló que “toda transnacional en el arco minero debe cumplir las leyes del Estado”, no obstante sabemos que nunca se cumplió la necesaria aprobación por parte de la Asamblea Nacional, no solo del proyecto sino de las contrataciones de empresas extranjeras.​

Esta realidad debe crear un alerta al país, ya que los estudios históricos sobre el tema, han dejado claro que este sistema económico es en parte responsable del evidente deterioro ambiental que presenta hoy el país y de la merma de los recursos naturales, que se agudizada cada vez más por la inadecuada distribución territorial de la población y la explotación irracional del medio físico.

Sin dudas, la explotación minera pudiera ser la salvación económica, dada la ingente riqueza con que contamos, pero la desventura de un mal gobierno, que ha hipotecado la patria, solo malos augurios podemos esperar. En nuestros estudios analizamos el problema, por lo que no podemos dejar de crear la alarma necesaria. Entendemos que la explotación minera es necesaria, y que, ante el deterioro ecológico sufrido por la naturaleza en el pasado, muchas veces irreversible, el hombre ha conseguido fórmulas de explotación y recuperación de suelos y flora, que permiten mantener el equilibrio ecológico, por lo que en un intento ecologista y conservacionista, nos esforzamos en crear conciencia, para evitar que sigan utilizando técnicas destructivas, sin la reacción recuperadora de los suelos que necesariamente tienen que ser intervenidos para la extracción del mineral. En Venezuela, la explotación minera no ha tenido un tratamiento científico programado, a excepción de los sistemas y procedimientos utilizados por pocas empresas transnacionales que explotan reservorios de minerales en algunas regiones del país, y algunas que explotaron los principales yacimientos de hierro, oro, bauxita y otros minerales no estratégicos, algunas de las cuales fueron nacionalizadas, mediante los procedimientos de expropiación especial que siguieron especialmente las nacionalizaciones del hierro y de los hidrocarburos. Por ello, sin oponernos a ultranza a la explotación minera, creemos que ni el estudio ni el plan que se ha hecho, ha cumplido con los parámetros del estudio del impcto ambiental, ni se ha tomado en cuenta el valor estratégico de la Zona, que, aparte de la gran reserva mineral, acumula el mayor reservorio de agua del páis. Elemento estratégico que por su escasez, amenaza la paz del mundo. No creemos en este gobierno incapaz.

En Venezuela, la explotación minera no ha tenido un tratamiento científico programado, a excepción de los sistemas y procedimientos utilizados por pocas empresas transnacionales que explotan reservorios de minerales en algunas regiones del país, y algunas que explotaron los principales yacimientos de hierro, oro, bauxita y otros minerales no estratégicos, algunas de las cuales fueron nacionalizadas, mediante los procedimientos de expropiación especial, que siguieron especialmente las nacionalizaciones del hierro y de los hidrocarburos. Hoy, a consecuencia de la crisis económica surgida después de la pérdida del valor del petróleo, se han incrementado planes para el inicio de un plan de explotación de minerales, con la idea de transformar esta actividad en una fuente de ingresos, en sustitución de lo que ha sido hasta ahora la dependencia económica del petróleo.

Amenazas a la Diversidad Biológica

Ante tal circunstancia, recientemente, como medio para obtener recursos económicos que permitan paliar la extravagante miseria a la que fue conducido el país por la errada política económica y financiera proyectada por el equivocado Plan de la Patria, se ha originado este proyecto de explotación minera al sur del rio Orinoco, en lo que fue llamado el “Arco Minero”, que, si no va acompañado de un eficiente programa de control ambiental, pondrá en peligro la mayor fuente de recurso hídrico del país, parte del pulmón amazónico del mundo.

Este grave problema obliga a plantear soluciones urgentes, incluyendo la formulación de estrategias y planes de acción, que contribuyan a estimular y coordinar actividades conservacionistas, que deben contener, entre otras soluciones, el cambio de los esquemas económicos que desvirtúan los diferentes valores de la biodiversidad, entendiendo que es la diversidad biológica una de las amenazas a considerar, ya que esta disminuye en la medida en que se transforman los hábitat naturales, muy especialmente, cuando se talan los bosques tropicales. Por otra parte, la desaparición de los hábitats lleva consigo la desaparición de las especies o de una parte de la variación genética dentro de ellas, todo ello como consecuencia de la expansión de las poblaciones humanas y de sus actividades, principalmente; y mas que esto, su necesario fundamento para lograr mantener el equilibrio ecológico.

Isabel Hoyos (1990), expresa que la mayoría de las especies, tanto vegetales como animales, se localizan en las regiones tropicales y subtropicales, donde también se encuentran las naciones en vía de desarrollo. En estos países, los deterioros ecológicos se suceden en gran escala y con gran rapidez, impulsados por las necesidades básicas de subsistencia, la ignorancia y la visión del recurso únicamente a corto plazo. Por otra parte, estas regiones padecen de problemas socio-políticos complejos y crisis económicas que estrangulan como la deuda externa, que en conjunto atentan contra la salvaguarda de las áreas naturales, ya que no se dispone de fondos suficientes para el manejo racional y la vigilancia adecuada para su conservación.

En el caso de Venezuela, los estudios “Romero 1990”, indicaban que para 1985 ya se había perdido el 25% de toda la cobertura vegetal. Así mismo, se pronosticó que a la tasa de deforestación de ese momento, estimada en 0,4 % anual; haciendo proyecciones respecto al crecimiento poblacional del país, se estimó en 5,5 % anual. También se estimó para el año 2.000 la destrucción en el orden del 50 % y para el 2.015, llegaría al 75 %; y aunque pareciera que no se ha cumplido este pronóstico, el abandono o degradación de los sistemas de protección del medio ambiente en el país, es un indicio de que el fenómeno puede agravarse para el futuro.

Justificación de la minería ilegal

Cualquiera que sea el argumento para justificar al proyecto “Arco Minero del Orinoco”, tiene sus patas cortas y se ubica en un engaño real e injustificable. Nunca puede ponerse la minería por encima de la obra de Dios dada al hombre de trabajar la tierra para el sustento, cuando hemos tenido y tenemos un recurso como el petróleo, que en los albores del siglo XX transformó y desarrolló a la sociedad del mundo, pero que hoy es cuestionado por el aparente daño que genera como el calentamiento global. Obviamente, es inexplicable la tesis de este rotundo fracaso llamado “socialismo del siglo XXI”, que como se ha dicho, fue un espasmo ignorante del infeliz personaje Hugo Chávez, que fuera tomado como bandera por muchos intelectuales anti políticos de la gesta decana de los 80’ y 90’, aupados y velozmente panceados por militares ignaros, que aún conservan el pedigrí que creen ser de mérito plausible, no obstante ayudaron a destruir la patria democrática renacida en el corto período de 40 año de gobiernos civiles, después de las largas décadas el militarismo nacido con las acciones independentistas.

Nunca podrá ser bienvenida la minería ilegal o rústica legalizada como esta del arco minero, si recordamos y mantenemos en mente el daño iniciado en la zona de este súper teatro de la ignominia, que nos ha arrebatado parte del gran reservorio de agua del país y de la América del Sur, no por su explotación minera, sino por la irracionalidad con que se ha realizado, solo por el avaro intento de extraer la riqueza para la demagogia política y el engaño de las masas que se aventuran a esta odisea miserable.

La explotación minera ilegal

En la historia de la actividad minera en Venezuela, es a partir de 1960, cuando la explotación adquiere características y dimensiones mayores y de gravedad, al dispersarse en la zona los explotadores, utilizando maquinarias y equipos de mayor poder destructivo. Estos mineros se ubicaron en las cuencas de los ríos Caroní, Paragua y Carrao, estimándose entonces unas 15.000 personas.

Más tarde, se ubican en las cuencas de los ríos Cuchivero, Guaniamo y Quebrada Grande, cuando aparece y se populariza “la bulla”, que atrae grandes masas de personas desde diferentes partes del país. Se estima que se instalaron en la zona, unas 30.000 personas. En esta misma época, aparece la bulla de San Salvador de Paúl, que vino a completar la concentración de personas, muchas de ellas aventureros trasladados de las otras zonas de la misma región.

A partir del 15 de febrero de 1977 al promulgarse el Decreto 2.039 que prohibió el sistema extractivo del “libre aprovechamiento”, solo se consideró legal la explotación mediante el sistema de concesiones, según la ley. Sin embargo, los concesionarios, muchos de ellos desconocedores de la materia, abusando de la tolerancia o ignorancia de nuestras autoridades, realizan explotaciones mediante el mismo derogado procedimiento del libre aprovechamiento, dando en arriendo dentro de su concesión, áreas pequeñas a los mineros ilegales, quienes pagan el arriendo mediante el aporte de un porcentaje del mineral extraído.

Los garimpeiros

A comienzos de la década de los 90’apareció con renombre la figura, que por mucho tiempo llenó grandes centimetrajes en la prensa nacional, los llamados “garimpeiros”, cuya terminología se traduce en “buscadores de oro”. Igual que en Venezuela, el minero brasileño llevado por la grave situación económica y social del norte brasileño, cuya cantidad se estima en número de 1.000.000.

Estos mineros, llamados garimpeiros o de la garimpa, se internan en la selva fronteriza con Venezuela, con la consigna:“El pobre tiene dos salidas: ganarse la lotería o arriesgarse como minero…”. Así han penetrado y se han apoderado de las minas del estado de Roraima[1], cuya riqueza minera fue estimada para la última década del s xx en el orden de los 50 mil millones de dólares. En la misma zona, se movilizan unos 9.000 indios yanomani, quienes sin nacionalidad deambulan y emigran en la zona de la Amazonia[2], en la cual se incluye el territorio sur de Venezuela.

Desde 1987 comenzó un flujo continuo de millares de estos mineros hacia la sierra de Surucucu[3], ubicada dentro del Parque Roraima, el cual fue creado el 1/3/89 al oeste de Venezuela y suroeste de la Amazonia Brasileña. Para su incursión, utilizan todas las vías disponibles: camino, ríos y trochas por la espesa selva, o mediante vía aérea, utilizando pistas de hasta 200 Mts. En los estudios sociales nacionales e internacionales, se ha determinado que esta situación ha sido causada por el abandono que ha hecho de su misión el INGRA, (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria de Brasil).

La actividad ilegal y desorganizada de estos mineros brasileños, se inició en las Minas del Mato Grosso al sur del Para; luego continuó en Sierra Pelada, hasta fecha posterior cuando se internan en el estado Roraima, al descubrir oro en este estado; y finalmente, en las tierras de los Yanomani, en las márgenes del Río Cuoto de Magalhaes al oeste de Boa Vista.

En nuestro país, luego de ubicarse estos buscadores de oro en zonas limítrofes con la República Federativa del Brasil, al conocerse su origen de este país vecino, afloraron los nacionalistas, con mayor fuerza que los ecologistas; quienes ubicaron el problema, más como una penetración de extranjeros a través de nuestras fronteras, que como una acción depredadora del sistema venezolano. En este sentido, ubicaron el problema dentro de la esfera de “la seguridad y la defensa nacionales”, lo cual motivó el uso de las Fuerzas Armadas en funciones militares, que normalmente corresponden como función propia y legal a la Guardia Nacional, que de derecho, es parte integrante de ellas.

Mientras tanto, como medida preventiva se ha hecho necesario racionalizar y organizar dentro de los parámetros legales la explotación por cuanto ha sido difícil hacer cumplir la Ley de Minas, sin embargo el gobierno no ha tomado medidas acertadas para controlar el problema, que ha causado críticas situaciones por el daño que se ha hecho a la cuenca de los ríos que alimentan la generación eléctrica del país.

No puede dejarse de entender, que las cuencas de los ríos Caroní, Caura, Paragua y Carrao, entre otros, constituyen fuente originaria de recursos naturales, renovables y no renovables, que son de hecho recursos estratégicos de Guayana y del País; útiles y necesarios para su desarrollo integral y sostenido. A lo que debemos agregar, que gran parte de la Región de Guayana, está constituida por áreas de gran fragilidad ecológica, donde existe el 80% del total generador de agua potable del país. Además, la cuenca del río Caroní y su afluente el Paragua, constituyen la fuente principal de energía eléctrica no contaminante, económica y prácticamente inagotable del país, donde se han detectado altos niveles de contaminación tanto de las aguas y de la fauna de los ríos de la zona, con mercurio y otras sustancias dañinas a la salud. Zona donde concurren grandes masas humanas incontrolables, que se internan en las áreas boscosas de la región, sustraen cantidades desconocidas de mineral, que venden en el país o a compradores del exterior, sin control del Estado.

Un factor que agrava la situación es el uso indiscriminado que se hace de bombas de agua de aspersión y dispersión, para presionar sobre las capas del suelo y subsuelo a los que además de invertirles sus horizontes, arrastran con ellos la flora, lavan y arrastran grandes volúmenes de tierra que conducen a los lechos de los ríos, donde se viene produciendo unas incontrolable sedimentación, que ha cambiado el curso de muchos de ellos, produciendo además constantes inundaciones, destrucción masiva de áreas boscosas, especialmente en zonas adyacentes a las márgenes de los ríos (zonas protectoras), que produce una presión directa e indirecta sobre la fauna de la zona, la que se ha venido diezmando o cambiando de hábitat, con los consecuentes desequilibrios ecológicos.

Otra gravedad es que, a pesar de las nuevas leyes promulgadas para la ordenación del territorio, la gestión de los bosque, la gestión de las aguas y de la tierra, la minería ilegal sigue ocupando tierras de propiedad del Estado, de los municipios y particulares, suplantando por cambio de actividad o por presión, las pocas áreas de cultivo agrícola y ganadera existente en la zona.

Otro factor es el irracional tratamiento que se hace del indígena y de sus espacios, lo que ha venido produciendo la invasión de sus espacios y la suplantación de los indígenas por los mineros ilegales y por los garimpeiros, quienes les persiguen u obligan a abandonar sus actividades y hasta sus zonas seculares de vida, aunque algunas etnias se incorporan también a la actividad ilegal.

Incide también la acción demagógica de los sindicatos y de los partidos políticos, que han tomado la dirección de la actividad administrativa minera, la contratación y el cooperativismo, con bandera para el proselitismo y el mantenimiento de las masas desempleadas y los vagos aventureros, que se amparan en los partidos para su “modus vivendi”

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El daño ecológico de la minería

Se entiende, que la actividad minera obliga a la intervención, muchas veces destructiva de los suelos, pero no necesariamente esto conlleva a su destrucción, toda vez que el desplazamiento temporal de las capas de suelo, reacomodadas de nuevo en su lugar, permitirían recuperarlos y permitirían consecuencialmente, la recuperación de la flora y de la fauna. Pero es evidente que, sin estas precauciones, se produce la destrucción masiva de los suelos y con ellos, se desplaza la capa vegetal, que generalmente va al lecho de los ríos, riachuelos y quebradas, lo que impide la recuperación, transformando la zona en desiertos.

Es tanto más grave, la destrucción masiva de áreas boscosas, especialmente en zonas protectoras adyacentes a las márgenes de los ríos lo cual pone en peligro el caudal de los mismos, y en las pendientes montañosas, que las ponen en peligro de la erosión. Situación ésta que se agrava, no solo con la remoción, sino con el lavado indiscriminado de grandes volúmenes de tierra, que a consecuencia directa de la destrucción de grandes superficies de suelos, se les invierten los horizontes, para luego presentar características físicas y químicas que no permiten el desarrollo normal de vida vegetal, por lo que los suelos quedan expuestos a la erosión.

Esta situación es más grave en la región guayanesa, si se considera que gran parte de las explotaciones mineras, están ubicadas en formaciones pertenecientes al macizo guayanés, cuya fragilidad ecológica es reconocida, a la cual se unen el daño a los cursos de aguas por la contaminación, la excesiva sedimentación y la pérdida de su curso natural, producto del entrabamiento y el desvío de riachuelos y quebradas.

Estudios que se han realizados en las aguas del río Cuyuní, en las quebradas La Amarilla y Las Claritas, han demostrado que existe una acendrada contaminación y un acelerado proceso de sedimentación en las referidas aguas, lo cual va en perjuicio de las poblaciones ribereñas ubicadas aguas abajo, especialmente las indígenas. Según un informe bacteriológico en estos tres cursos de aguas, existe una considerable contaminación de micro-organismos coliformes de origen fecal, cuyas consecuencias son obvias al utilizarse el agua en forma directa para el consumo humano.

Por otra parte, además de esta contaminación con materias orgánicas, se presenta una contaminación peligrosa, por la descarga de grandes cantidades de mercurio utilizado para separar el oro, en los cursos de las aguas, cuyo daño, conocido científicamente, no ha sido analizado ni local, ni nacionalmente.

Es también notoria que, la presión directa ejercida por estos grupos o poblaciones mineras, sobre la fauna silvestre, para efectos de alimentación y comercialización, a la cual se une la destrucción de su hábitat, que pone en peligro de extinción, tanto local como nacionalmente, algunas especies de animales y vegetales, con el agravante de que muchas de estas especies solo son localizadas al sur del rio Orinoco.

El impacto ambiental de la minería

En Venezuela, la previsión del daño ecológico que produce la minería, es una obligación constitucional.

Según la Constitución, su artículo 129 expresa: “Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacena-miento de las sustancias tóxicas y peligrosas. En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que involucren los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultara alterado, en los términos que fije la ley”.

El daño económico en la minería

Por la falta de control y por el desorden irracional en las explotaciones, el mineral aurífero y diamantífero obtenido por los mineros independientes, y en cierta forma también, el obtenido por los concesionarios, en su gran mayoría escapa a los controles del Estado y es sacado de la zona y del país, sin pagar los impuestos correspondientes. Existe en esta materia un vacío legal e institucional, que impide ejercer los debidos controles.

Además del daño ecológico que hemos mencionado, por encontrarse la mayor parte de las explotaciones mineras, en áreas pertenecientes a las reservas forestales de Imataca[4] y La Paragua, el Parque Nacional Canaima y en las cuencas hidrográficas de los ríos Caroní, Caura y Orinoco, con su gran ramaje de afluentes; se corre el riesgo de dañar las fuentes de agua más importante del país, donde se ubica el 80% del total de las aguas potabilizables con que cuenta Venezuela.

Es cierto que los ecologistas han sido desconsiderados en su interpretación del daño ecológico y por ello se han opuesto sistemáticamente a la extensión y auge de la actividad minera en las áreas protegidas, al no conocer o desestimar los avances tecnológicos en materia de recuperación de áreas intervenidas, pero mientras no se tomen en cuenta y cumplan las acciones conservacionistas que conllevan la explotación de las minas, y mientras no se obligue al uso de métodos y técnicas que no causen daños irreversibles, como lo es la extracción minera mediante el sistema de bombas de presión, que arrastran la capa vegetal y los nutrientes de los suelos, hasta el lecho de los ríos y de allí al océano, deben implementarse y mantenerse medidas conservacionistas vigilantes.

El minero debe entender la necesidad de ejercer su actividad en forma racional y tecnificada, dentro de la cual, el impacto ecológico o ambiental sea mínimo y controlable desde el punto de vista técnico. Es ésta la base del desarrollo sostenible ecológicamente y también lo es del desarrollo sostenido, toda vez que, todos los recursos naturales son necesarios. No podemos explotar un recurso, deteriorando a los demás.

El ecosistema Guayana presenta la Zona Protectora Sur del Estado Bolívar, con una fragilidad tan grande como la riqueza minera de su subsuelo, ubicada geológicamente dentro de los sedimentos de la formación Roraima. Este ecosistema está conformado por el llamado “Escudo de Guaya”[5], el cual está constituido por rocas ígneas y metamórficas, pertenecientes a la Era Geológica del Precámbrico, donde la mayor parte de las intrusiones son del tipo granítico. Esta extensa región, constituye, aproximadamente, la mitad de la superficie de Venezuela.

En la actualidad se presentan como principales potenciales centros de desarrollo minero los ubicados al norte del Estado, que ocupan gran parte del área protegida de la Reserva Forestal Imataca, en una extensión aproximada de 500 hectáreas, territorio ubicado en el área seleccionada e incluida en el decreto del arco minero.

Sin dudas, la explotación de los recursos mineros es uno de los medios con que cuenta el Estado para lograr aumentar la economía, como lo hacen gobiernos de otros países, inclusive en nuestra América Latina, pero como se quiere hacer en Venezuela, de manera violenta y de forma inconstitucional para justificar un rápido crecimiento de la economía, en un proceso acelerado de crecimiento y expansión de los sistemas económicos de producción, donde ya anteriormente reportaron al país numerosos beneficios materiales, pero también daños considerables a los recursos naturales y a la ecología humana, debido básicamente al carácter anárquico que ha asumido el desarrollo de la Venezuela petrolera, frente al ambiente, solo nos pone a pensar en el dantesco daño ecológico sin control, con la posible sobrexplotación de los recursos mineros, en este denominado “Arco Minero del Orinoco”.

Como hemos expuesto, ya es experiencia vívida el proceso pasado y presente, que en gran parte es responsable del evidente deterioro ambiental que presenta hoy el país y de la merma de los recursos naturales, que a su vez agudizada cada vez más la inadecuada distribución territorial de la población y la explotación irracional del medio físico.

El Arco Minero del Orinoco lo consideramos un grave problema que obliga a plantear soluciones urgentes, incluyendo la formulación de estrategias y planes de acción, que contribuyan a estimular y coordinar actividades conservacionistas, que deben contener, entre otras soluciones, el cambio de los esquemas económicos que desvirtúan los diferentes valores de la biodiversidad, el deterioro de los recursos naturales, la contaminación del recurso natural más preciado, el agua, que para los ecologistas, pensadores y sabios del mundo, ya iniciado la peor de las guerras del planeta. [6]

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1 Roraima: Territorio de Brasil, situado en el N del país, junto a las fronteras con Venezuela y Guyana. 230.104 km2. 112.000 h. en 1987. La capital es Bõa Vista, con 44.000 h. en 1980. Debido a su situación en el dominio amazónico, es una región muy poco poblada (0,5 h./km2). Anteriormente se denominó Rio Branco. Su economía se basa en la ganadería y la explotación forestal. Recientemente su población se ha dedicado con furor a la minería.

2 Amazonia, amplia zona de vegetación natural que se extiende entre los macizos de Guayana y Brasilia, y desde el Atlántico hasta los Andes. Su enorme superficie, 7.000.000 km2, está compartida por Brasil, en su mayor parte, y en menor proporción por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Surinam, Guyana y Guayana Francesa.

3 Surucucú, nombre común de una serpiente venenosa de la familia del crótalo, la más grande de América. En Brasil se le conoce también como surucutinga, en Costa Rica como cascabela muda, en Colombia como verrugosa y en Venezuela como mapanare.

4 En 1997 fue aprobado el decreto 1.850 para abrir la reserva forestal de Imataca a la explotación minera En ese decreto, trabajaron conjuntamente durante un año el MEM, el MARNR y Cordiplan, para disponer de una política de Estado, que permita combinar el aprovechamiento del recurso minero, con el equilibrio ecológico. Este decreto se fundamenta en el uso de la tecnología de avanzada, que, produzca el menor daño al ambiente, y la recuperación de los recursos naturales que se deterioren por la necesidad operativa. Todo, con el fin, según palabras de Luis Soto, Director ejecutivo del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, de que “Venezuela pueda convertirse en una potencia aurífera en un plazo estimado de dos (2) años, si nos proponemos desarrollar y asumir la vocación minera que por años el país ha dejado de lado”. Este decreto fue muy cuestionado, al considerar muchas organizaciones ambientalistas, que el mismo sería la apertura a la destrucción del ecosistema. Consideración no compartida por el autor de esta obra, quien considera que: aun cuando es una reserva forestal, la ley no impide su uso para la explotación minera; además, aplicando tecnología de bajo impacto ambiental, se permitirá el usufructo de los recursos, sin producir daños ecológicos irreversibles. La zona del Imataca, viene siendo atacada desde hace muchos años, por un gran número de mineros ilegales, que han logrado deteriorarla en gran magnitud. Al final, no se ejecutó.

5 “Generalmente se asume, que estas rocas, intensamente metamorfoseadas forman parte del antiguo escudo brasileño” (Galvis, José A.: “Estudios de los minerales y las rocas de la región aurífera del El Callao”. Ministerio de Minas. 1947.)

El arco minero FEB18 (1)

El arco minero FEB18

El Arco Minero del Orinoco Por: Enrique Prieto Silva @Enriqueprietos OPINIÓN.

¡El Arco Minero del Orinoco!

Enrique Prieto Silva

Viernes 09 de febrero de 2018

Mientras el mundo padece por los ataques de los supuestos hijos de Dios contra los infieles, en Venezuela tenemos que continuar nuestra obra y lucha por descartar las malignidades iniciadas por el “difunto” y su estúpido “socialismo del siglo XXI”, que sin darse cuenta y por su ignorancia, aparecemos incluidos en el listado de los países forajidos, que sin son ni ton, tenemos que vivir de rodillas ante la ingente y desgraciada economía que nos ha transmutado a la indigencia atroz. Pero para mayor desgracia, los pancistas adoradores del “eterno”, han querido imponernos el peor gobierno que esta patria recuerde. Pero más que la estupidez, su testarudez raya en el límite de lo increíble: una férula tiránica, capaz de adorar a un personaje de ficción, como si de un atorrante faraón se tratara. Nunca nuestra paz fue más precaria, ni más sonso nuestro orgullo patriota. La fantasmagórica sarta de pendones procera en “Los Próceres”, es el peor ritual que haya tenido la República, desde la Independencia.

Es increíble la estupidez, pero hoy queremos referirnos a la última ocurrencia: recuperar la pérdida petrolera, mediante una intensa explotación minera, en lo que han llamado “Arco Minero del Orinoco”. Un recurso que todos conocemos, y que hemos estudiado siempre con preocupación, ya que el daño del factor minero al medio ambiente es harto conocido. Su efecto es internacional y ha dejado huellas en muchos países y regiones del mundo. De mayor gravedad, que se quiere hacer mediante el uso arbitrario de empresas extranjeras, cuando se ha minimizado la acción protectora del medio ambiente, al eliminar el ministerio que vino especializando su cuidado desde hace mucho tiempo y que politizado se le asignó la desventura de una maltratado “eco-socialismo”, que no es más que una parodia burda para simular apariencias.

Es una situación que se explica en parte por el proceso acelerado de crecimiento y expansión de los sistemas económicos de producción, los cuales reportaron al país numerosos beneficios materiales, pero también daños considerables a los recursos naturales y a la ecología humana, debido básicamente al carácter anárquico que ha asumido el desarrollo de la Venezuela petrolera, frente al ambiente, lo que hoy se agrava con la posible sobrexplotación de los recursos mineros, en este denominado “Arco Minero del Orinoco”, el que debemos entender como el medio más reciente creado por el gobierno “bolivariano”, para obtener recursos económicos que permitan paliar la extravagante miseria a la que fue conducido el país por la errada política económica y financiera proyectada por el equivocado Plan de la Patria.

El proyecto del Arco Minero del Orinoco, oficialmente decretado como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco es un área rica en recursos minerales, que ocupa mayoritariamente el norte del estado Bolívar y en menor proporción el noreste del estado Amazonas y parte del estado Delta Amacuro. Abarca un área de 111.846,86 km², es decir 12,2 % del territorio venezolano; duplicando a la faja petrolífera del Orinoco​ atraviesa selvas como la reserva forestal del Imataca, La Paragua y El Caura, y las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní, que el gobierno de Nicolás Maduro pretende explotar, y según sus estudio proyectivos, cuenta con 7000 toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.

Según información del ministro de Desarrollo Minero y Ecológico, el arco minero del Orinoco tiene un potencial de unos 2 trillones de dólares. Su formalidad legal apareció el miércoles 24 de febrero de 2016 en el decreto 2.248 de la Gaceta Oficial 40.855, donde se materializa la creación de Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Decreto el cual incluye la certificación y cuantificación de las reservas mineras de esta zona, convirtiéndose en el denominado ​ Motor Minería de la Agenda Económica Bolivariana, en el cual posteriormente el general Vladimir Padrino López, ministro de la defensa​ anunció el 5 de agosto de 2016 que “se activará la unidad especial para el Arco Minero del Orinoco” y posteriormente, el 7 de septiembre de 2016, el ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal, informó que empezó la etapa de exploración del arco minero del Orinoco y señaló que “toda transnacional en el arco minero debe cumplir las leyes del Estado”, no obstante sabemos que nunca se cumplió la necesaria aprobación por parte de la Asamblea Nacional, no solo del proyecto sino de las contrataciones de empresas extranjeras.​tiene su origen en un plan de explotación minera al sur del rio Orinoco, bautizado con este nombre por el difunto presidente Chávez, que, si no va acompañado de un eficiente programa de control ambiental, como lo establece la Constitución, pondrá en peligro la mayor fuente de recurso hídrico del país, parte del pulmón amazónico del mundo.

Nunca hemos dudado, porque se conoce, que esta zona, tan amplia como el denominado Macizo Guayanés es un área, que se extiende mucho más allá de la delimitación que han dado al “Arco Minero del Orinoco”, exuberantemente rica en minerales como los mencionados en el decreto, también en muchos minerales estratégicos poco conocidos y menos existentes en otras aéreas y regiones del planeta; que no han sido explotadas porque teórica y estratégicamente estudiado, son recursos hábiles y necesarios, que deben ser mantenido en la reserva estratégica del país, para cuando deje de existir o sea intemperante explotar el petróleo por el supuesto daño que se le atribuye hoy como combustible fósil, culpable en su mayor parte del calentamiento global. También, esperando la cada vez más existente, de una tecnología de explotación minera, que permita extraer los minerales de manera selectiva sin dañar los recursos naturales del suelo y el subsuelo, especialmente el agua, que ya escasea en muchas partes del planeta, y que es el recurso que concentra en un 80% el agua existente en nuestro país, que ya sufre de escasez en muchas regiones, por su uso indebido y mayormente por su contaminación, que es precisamente el mayor peligro que existe, si se explota el arco minero con la tecnología usada por los países y empresas contratadas.

Otros peligros, ya visualizados, son la amenaza contra la diversidad biológica del país, tercero en diversidad en América y séptimo en el mundo, problema que se une a la deformación de los suelos en esta área, al cambiar los perfiles de los suelos y sustituir la capa vegetal, débil y escasa en la zona, por materiales inorgánicos del subsuelo, que eliminan la posibilidad de la abundante flora y fauna que constituyen las reservas en esta área del país, que son las únicas tierras de la edad terciaria que quedan en el mundo.

El Arco Minero del Orinoco lo consideramos un grave problema que obliga a plantear soluciones urgentes, incluyendo la formulación de estrategias y planes de acción, que contribuyan a estimular y coordinar actividades conservacionistas, que deben contener, entre otras soluciones, el cambio de los esquemas económicos que desvirtúan los diferentes valores de la biodiversidad, el deterioro de los recursos naturales, la contaminación del recurso natural más preciado, el agua, que para los ecologistas, pensadores y sabios del mundo, ya iniciado la peor de las guerras del planeta.

@Enriqueprietos

REMISIÓN
De: Enrique Prieto Silva
Fecha: 9 de febrero de 2018, 10:20
Asunto: El Arco Minero del Orinoco
Para: Sammy Landaeta

Un cordial saludo amigo. Este artículo es resumen de un trabajo de análisis de mi cátedra de Derecho Ecológico.

Enrique Prieto Silva

El Arco Minero del Orinoco – -.docx

VENEZUELA: SIMON BOLIVAR Y LA PRESERVACION MINERA. Por Daniel Chalbaud-Lange @danielchalbaudl OPINIÓN.

 

 

 

 

 

 

 

SIMÓN BOLÍVAR Y LA PRESERVACIÓN

DE LA MINERÍA

Mi actividad profesional me ligó durante 40 años a la industria petrolera; industria extractiva de la principal riqueza y sostén de la economía nacional y fuente energética fundamental para el desarrollo de muchos países del mundo. Buscando la relación de mi actividad con ideas, pensamientos y obras de Simón Bolívar, que me orientaran por el camino de la dedicación y el amor a mi patria, entre tantos escritos del Libertador, como fueron los relacionados con legislación sobre el Contrabando; con su lucha contra el Peculado; con el Derecho Obrero, Penal, Internacional, Administrativo y Fiscal; con el Poder Judicial; con la Inmigración y con la Conservación del Ambiente y los Recursos Naturales (agua, bosques, agricultura, cría y fauna), recojo como un eco, normas y códigos emitidos por Simón Bolívar relacionados con la Preservación de la Minería.

Indudablemente que Simón Bolívar conocía de la tremenda riqueza que representaban los metales y los minerales, muy abundantes en América, por su estrecha vinculación derivada de la posesión de sus minas en Aroa.

El saqueo que de esos recursos se hizo por parte de los conquistadores de la época, su explotación irracional y el abandono de muchas minas, lo obligó a tomar medidas legales y administrativas para preservar a la América de esta importante riqueza.

Simón Bolívar, desde 1815 conocía el potencial minero de la Nueva Granada, en el mes de mayo de ése año dirige una carta, desde Kingston, a Maxwell Hislop en la cual le expresa…. “El comercio británico ha perdido en Venezuela siete millones de pesos anuales, a que montaban sus producciones en los tiempos más calamitosos. Ahora parece que volverá a ser privada la Inglaterra del comercio de la Nueva Granada, que ella ha hecho exclusivamente, y cuya exportación es el oro y en sumas muy considerables de lo que no he podido tener conocimiento exacto, por el efecto de las circunstancias turbulentas; pero la pérdida incalculable que va a hacer la Gran Bretaña consiste en todo el continente meridional de América, que, protegido por sus armas y comercio, extraería de su seno, en el corto espacio de sólo diez años, más metales preciosos que los que circulan en el universo. Los montes de la Nueva Granada son de oro y plata; un corto número de mineralogistas explotaría más minas que las del Perú y Nueva España; ¡Que inmensas esperanzas presenta esta pequeña parte del nuevo mundo a la industria Británica!”

En otro contexto, el Liberador, consciente del valor estratégico de los minerales desde el punto de vista militar, no escatimó esfuerzos para incrementar la producción; a tal efecto, en carta dirigida el 28 de octubre de 1819 al Vice-Presidente de las provincias Libres de la Nueva Granada, General de División Francisco de Paula Santander le expresa:

“Es indiscutible trabajar de noche y de día, sin dormir, en la elaboración de la pólvora y en la extracción del plomo en las minas más inmediatas de Santa Fe sin hacer caso de gastos, sin tener economías. En nada se puede emplear mejor el oro y la plata que en pólvora y bala. Si se han reemplear diez hombres, que se empleen cuarenta. Si se han de gastar mil pesos que se empleen diez mil… ¡Quiera Dios que no sea necesario perder un territorio tan precioso como el que ocupamos!”

Emancipada Colombia del yugo español y, comenzando a regir su propio destino, nada más obvio que comenzar por preservar sus recursos naturales, entre ellos los minerales. En efecto, entre 1824 y 1829, el Libertador Simón Bolívar emitió una serie de decretos de los cuales se puede fácilmente deducir la importancia económica y estratégica que le concedía a la minería como recurso fundamental, para alcanzar, conjuntamente con el desarrollo agrícola, su objetivo de crear en América una nación de naciones que pudiera oponerse a las pretensiones de los imperios de la época.

En primer lugar debemos mencionar el decreto que expide el 20 de julio de 1824 de Huariaca, siendo Presidente de la República de Colombia y encargado del Poder Dictatorial de la República del Perú: Afirma el Libertador en el considerando del decreto en cuestión que “que la minería es el principal ramo que constituye la riqueza del país”, con ello comienza a resaltar la importancia de la actividad minera y que como tal hay que fomentarla. En efecto, en el mismo decreto “establece Diputaciones territoriales de minería en las provincias de Huamachuco, Pataz, Conchucos y Huaylas”.

El pensamiento liberal del Libertador lo llevó a incluir en este mismo decreto “que las personas que formaban parte de las Diputaciones serían elegidas por los propios mineros en sus respectivas provincias, cuidándose de que el nombramiento recaiga en aquellos cuyos conocimientos y demás aptitudes, les hagan dignos del encargo”.

Vale la pena resaltar la importancia que el Libertador le daba a la experiencia, conocimiento y aptitudes, como cualidades únicas y necesarias para aquellos a quienes les corresponda dirigir la explotación de las minas. Muy lejos de estos nombramientos estaban el amiguismo, el compañerismo, el compadrazgo o afinidad política. Es de destacar también que eran los propios mineros quienes elegían de sus mismas filas a sus directores o gerentes, por así llamarlos, no existiendo la imposición ejecutiva ni el paracaidismo complaciente.

En otro artículo de su decreto, Art. 6º, el Liberador establece que “No se deben enrolar a personas incapaces de emprender el trabajo de las minas”. Con ello quiso Simón Bolívar hacer de esta actividad una actividad productiva. Porque sólo los capacitados pueden obtener mayor y mejor rendimiento, los incapaces lo que hacen es entorpecer el trabajo de los demás incidiendo negativamente en la productividad. Igualmente consideraba que el exceso de trabajadores, aún siendo capaces, afecta la explotación de las minas, por lo que en el Art. 7º estableció que “Se formará otra matrícula de los operarios precisos para cada uno de los mineros…. Quedando las Diputaciones responsables de no consentir se matriculen más que el número necesario para la explotación y beneficio de metales”.

Era tanta la importancia que le daba a la continuidad en la explotación de las minas que, en el mismo Art. 7º “excepcionó del Servicio Militar tanto a los mineros como a los operarios”.

No escapó a la mente del Libertador normas para el control administrativo del personal que trabajaba en las minas, en efecto, en el Art. 8º estableció que Las Diputaciones remitirán al Intendente de las Provincia cada tres meses, lista de los operarios, puntualizando las haciendas, ingenios, mineros de quienes dependen, etc. a fin de que, con este informe, sean separados de la matrícula los que hubieren dejado de trabajar sin impedimento legítimo”

Es en el Art. 9º en donde resalta la condición humana del Libertador. En la primera parte establece que “Los operarios serán pagados indispensablemente cada semana en razón de su trabajo”. Consideraba el Libertador, cuando expresaba la palabra “indispensable”, la obligación que tenían los mineros administradores de tomar las suficientes y oportunas previsiones de tesorería, a fin de garantizar la necesaria retribución salarial a la jornada de trabajo, y con ello, evitar el abandono del trabajo y, por qué no decirlo, posibles paros o huelgas. Enseñanza de Simón Bolívar que deberían tomar muy en cuenta muchos de nuestros administradores en Ministerios y otras instituciones del Estado.

En la segunda parte del Art. 9º, Simón Bolívar dignifica al hombre cuando, de acuerdo a su pensamiento cristiano y acción de lucha de contra la explotación del hombre por el hombre, se obliga a incluir en este decreto que “El trato que se les debe dar a los mineros es como hombres libres y no como hasta aquí: pues la matrícula no tiene otra objeto que saber el número de operarios aplicado a cada minero, y no el de sujetarlos como esclavos”. Vigilante de que se cumplan estos mandamientos“responsabiliza a las Diputaciones ante el Gobierno de la más pequeña tolerancia en esta materia”.

Resalta la importancia que Simón Bolívar le confería a la explotación minera cuando, en el mismo decreto, previó la necesidad crear un organismo que se encargara de toda la materia, al incluir en el segundo aparte del Art.10º lo siguiente: “Y no habiendo por ahora dirección general de minería se dirigirán estas representaciones o informes con los expedientes que se formaren, al gobierno”.

Y no tardó mucho, el 1 de febrero de 1825, emitió un decreto con un importante considerando que textualmente reza: “Conviniendo a la protección y fomento de la minería que en cada Departamento haya una dirección que particularmente se encargue del progreso de un ramo que constituye la riqueza nacional, he venido a decretar y decreto:

1. Se establece en la capital de cada Departamento una Dirección

de Minería.

2. Las Direcciones Departamentales dependen de la Dirección General de Minería que residirá en la Capital de la República.”

Podríamos pensar que esta Dirección General es el antecedente más lejano de nuestro Ministerio de Petróleo y Minería. Con este decreto el Libertador va dándole al negocio de la minería una estructura organizativa que le sirva de planificación, dirección y control.

En otra vertiente, era tanto el peso de la deuda que gravitaba sobre la república, deudas contraídas para lograr nuestra independencia política, que no para construir elefantes blancos o para incrementar el patrimonio personal de gobernantes, que consciente de procurar, por todos los medios posibles la extinción de dicha deuda, creyó oportuno, el 2 de agosto de 1825, desde Pucará, decretar que “Las minas derrumbadas, aguadas, o abandonadas por sus antiguos poseedores, que eran denunciables según Ordenanzas de Minería, son propiedad del Estado…. y que las minas se arrienden o se vendan en público remate de cuenta del gobierno, adjudicándose su valor a los acreedores del Estado en pago de sus créditos calificados”.

Observamos aquí, como Simón Bolívar sí encontró una fórmula para pagar la deuda nacional, sin necesidad de refinanciamiento u acuerdos onerosos por el gobierno. Simplemente recuperó las minas abandonadas, minas improductivas, las vendió o arrendó y, con el producto de estas negociaciones se cancelaban las deudas por créditos calificados, o sea legalmente convenidas. Entiéndase, deudas legítimas.

Tres años después, el 23 de diciembre de 1828, dictaba un nuevo decretoconsiderando que si es urgente aliviar a la agricultura propendiendo a la exportación de los productos agrícolas, no lo es menos ocurrir a la progresiva disminución de la deuda y…. para conseguirlo es indispensable adoptar arbitrios propios para mejorar la presente condición de los colombianos y emitió el siguiente decreto: Art. 1º. Desde la publicación de este decreto se cobrará en las aduanas uno por ciento por la exportación de oro amonedado y tres por ciento por la plata amonedada”

Tomó Simón Bolívar las previsiones para impedir y sancionar la extracción y comercialización ilícita de oro y plata, hoy denominado “contrabando de extracción”. Así, en el Art. 2º dispuso: “Las extracciones de oro en polvo, barras o alhajas, y de plata en pasta, piña o alhajas, y las del oro y la plata en cualquiera forma que no sea la de moneda, se prohíbe nuevamente bajo las penas establecidas en la leyes”.

Igualmente, a pesar de que algunos productos manufacturados en la República eran libres de todo derecho de exportación, “no quedaron exonerados los exportadores de la obligación de declarar lo que hayan de extraer, su cuantía y su valor, en las aduanas por donde hagan la extracción, so pena de incurrir en la de decomiso, y de lo que se aprehenda sea distribuido como tal y conforme a las leyes vigentes”.

Se observa en la intención de este decreto, la importancia que le daba al registro con fines estadísticos de la cantidad y valor de los bienes hechos en la república.

Es obligante y por lo tanto no podemos dejar de referirnos al decreto de Chuquisaca, de diciembre de 1825 en el cual consideraba que, “por falta de combustible no pueden hacerse o se hacen inexactamente o con imperfección la extracción de los metales y la confección de muchos productos minerales que por ahora hacen casi la sola riqueza del suelo”.

El 24 de diciembre de 1828, dicta en Bogotá, un decreto con tres consideraciones de mucho valor:

Primero: “Que es la de mayor importancia para la prosperidad de Colombia el laboreo de las ricas minas de metales y piedras preciosas que tiene en su territorio, cuyos productos componen una gran parte de la riqueza pública”.

Segundo: “Que perjudica en extremo a los propietarios el que los trabajos de las minas se interrumpan por cualquier motivo”.

Tercero: “Que por tan poderosos motivos debe darse a los mineros una protección eficaz para que no les quiten ni huyan trabajadores”.

En razón de esas consideraciones decretó en el Art.1º, “la excepción de toda clase de servicio militar, así en las milicias como en los cuerpos veteranos, a los directores, sobrestantes, mineros, peones y demás personas que bajo cualquier otra denominación se ocupen en la construcción de casas, molinos, acequias o ingenios, para las minas de cualquier metal y piedras preciosas y en el trabajo de las mismas minas”.

Esa excepción estaba limitada sólo al personal necesario. A tal efecto en el Art. 7º estableció sanciones al respecto“si cualquier dueño o director de mina pusiese en alguna matrícula o hiciese que se expida a favor de personas que no trabajen constantemente en su mina o minas, averiguado que sea el fraude, perderá la excepción del servicio militar….. y se le exigirá por el respectivo Juez político la multa de 50 pesos por cada persona que haya supuesto empleada en la mina”.

Como se desprende del contenido e intención de este decreto, el Libertador, consciente de la importancia, desde el punto de vista económico, de la riqueza minera, fomenta el trabajo protegiendo al obrero y al patrono, asegura la permanencia del empleo como factor de garantía de la continuidad operacional dentro del marco de la productividad, limitando el personal a sólo el numéricamente racional (operarios capaces y razonablemente necesarios), al mismo tiempo estableció sanciones al patrono fraudulento y al obrero ocioso, figuras que hoy configurarían la modalidad de “reposeros” y alcahuetes, muy abundantes en varios organismos.

Para completar el marco de protección y preservación a la explotación minera, según lo expresa el Dr. Manuel Egaña en su libro Venezuela y sus minas, “el genio del Libertador da el paso fundamental en el desenvolvimiento de la doctrina minera en Colombia y de las tres naciones que la componían” al emitir, el 24 de octubre de 1829, en Quito, el decreto trascendental de nacionalización de la minería y sobre el cual emite los siguientes conceptos el eminente bolivariano, Dr. Numa Quevedo, en su obra “Bolívar, legislador y jurista”.

Cito. “No obstante todas las previsiones tomadas por el Libertador para resguardar la explotación y al mismo tiempo la protección de las minas, lo más trascendental, sin embargo, en este orden de ideas, es el decreto en virtud del cual el genio de América nacionaliza los yacimientos mineros como última y suprema providencia para asegurarle al estado el disfrute de las minas de cualquiera clase, como patrimonio definitivo y riqueza por excelencia que corresponde a la república. Este decreto puede considerarse como la máxima preocupación nacionalista que tuvo en cuenta Bolívar para al mismo tiempo, fortalecer su objetivo de libertad y de emancipación de los pueblos del continente. Bien sabía que la agricultura y la minería eran las dos canteras o fuentes principales desde el punto de vista económico de una nación, como que estos renglones consolidaban dentro de un criterio de adecuada explotación los recursos más vigorosos, y sobretodo, más fundamentales a los fines estelares que perseguía el Libertador Simón Bolívar. Empero, lo más resonante de esta disposición, es que en su contenido y forma el Libertador Presidente revela no solamente una expresión renovadora, sino una conciencia perfectamente revolucionaria”. Fin de la cita.

Considero una obligación destacar que el texto del Decreto según versión del Dr. Numa Quevedo en el libro citado, lo tomó del original impreso, Registro Oficial, de Bogotá, números 47 y 48, aunque también está reproducido en parte en la Recopilación de Leyes de Colombia que publicó en 1845 el renombrado internacionalista Doctor Lino de Pombo.

Estimo importante destacar varios aspectos del decreto, por la vigencia de algunos conceptos allí emitidos.

En el considerando del mismo, nuevamente hace énfasis en “Que la minería es una de las principales fuentes de la riqueza pública”; que como indispensable recurso natural y estratégico para el objeto último de la lucha, la independencia de América, debe asegurarse la propiedad de la minas contra cualquier ataque y contra la facilidad de turbarla o perderla”asimismo, reconoce la conveniencia de “promover los conocimientos científicos de la minería y de la mecánica, como también difundir el espíritu de asociación y de empresa, para que la minería llegue al alto grado de perfección, que se necesita para la prosperidad del estado”. Refleja esta última consideración del Libertador la necesidad de unir dos factores básicos para el progreso del estado: la ciencia y asociación en empresa.

De todos es conocida la importancia que siempre le dio Simón Bolívar a la promoción de los conocimientos científicos, a tal punto que la incluyó entre los cuatro elementos que según su visión dominan y rigen al mundo:

“Valor, riqueza, ciencia y virtudes. Esas son las cuatro potencias del alma del mundo corporal; esas son las reinas del universo y a ellas debemos ligarnos o perecer”,expresaba el Libertador en carta dirigida al General Santander en julio de 1825.

Del Artículo 1º del referido decreto, por su significación y trascendencia destacaremos dos aspectos: “Conforme a las leyes, las minas de cualquiera clase corresponden a la república, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenamiento de minas y con las demás que contiene este decreto”

En primer lugar resalta el hecho de que soberanamente se legaliza la transferencia de la propiedad de las minas de la Corona de Castilla a la República de Colombia. Con ello, el Libertador nacionaliza las minas, las hace propiedad de la gran nación colombiana, pero es aquí el segundo punto importante, muy lejos estaba en su pensamiento la estatización de su explotación. Pruebe de ello es que “las concede en propiedad y posesión de los ciudadanos que las pidan”, reservándose esta concesión a condiciones expresas en leyes y Ordenanzas de Minas.

Reconocía y permitía el Libertador la participación del ciudadano común, asociado en empresa, en la explotación del recurso minero. En otras palabras, podemos afirmar que daba amplia participación a lo que modernamente se llama iniciativa privada, -empresa privada-, en la explotación de un recurso propiedad del Estado.

En el Art. 37º del referido decreto se amplía esta concepción al “encargar a los Prefectos y Gobernadores de Provincias, que en todo lo que dependa de su autoridad, auxilien y promuevan las empresas de descubrimientos y laborio de las minas, y la perfección de sus trabajos, procurando igualmente cortar los pelitos y desavenencias entre los mineros”

Todo este marco de protección a la explotación de las minas, construido por el Libertador en una secuencia de decretos, refleja la importancia que le dio a estos recursos como factor indispensable para preservar la integridad territorial y alcanzar y mantener la independencia.

Después de analizar y comprender la visión del Libertador sobre la importancia que, como recurso económico y como elemento estratégico de poder, tenía la minería de su época, importancia que lo impulsó a promulgar los decretos sobre nacionalización de las minas, racionalidad en su explotación, necesidad de promover los conocimientos científicos, control de la producción, continuidad operacional, controles administrativos y de personal, sanciones al fraude laboral y patronal y, participación de las sociedades privadas en el negocio de la minería bajo controles del Estado, queda la interrogante sobre cuál sería la situación de nuestra industria petrolera de haber conocido el Libertador este importante recurso energético.

Ayer, el oro y la plata fueron recursos naturales que sirvieron al Libertador para alcanzar y legarnos la independencia política, hoy, otro recurso, el petrolero, debe servir de base para acrecentar nuestra independencia económica y preservar nuestra independencia política.

Seguramente que con el impulso y el apoyo que le hubiera brindado a la promoción de la ciencia y tecnología petrolera, se hubiera logrado desde hace muchísimos años disponer de tecnologías propias que podrían haber adelantado la siembra del petróleo en petróleo y, obtener de él la variedad de productos y subproductos que hoy importamos, multiplicados en diez o cien veces su valor y extraídos en el extranjero de nuestro propio petróleo.

Ese recurso, con toda seguridad, le hubiera permitido al Libertador devolver a los soldados de la independencia a sus llanos, costas y montañas, para sembrar el petróleo en la tierra y en el mar, complementando así, la riqueza de la industria extractiva con la procedente de la industria agrícola y pecuaria. Esta visión me lleva a hacer un paréntesis, recordando a Andrés Eloy Blanco, cuando nos dijo.”Mira, devuélvete para la historia un instante y atrás toma la fuerza para seguir adelante”.

Por ello, en vista de la delicada situación económica que vive nuestro país y del confuso panorama que ofrece el futuro petrolero, pidámosle, a Dios Todopoderoso que, con las enseñanzas de nuestro Libertador Simón Bolívar, ilumine el pensamiento de nuestros dirigentes, para que nuestra riqueza de hoy sea administrada con racionalidad y preservada en beneficio de esta generación y como valioso legado para las futuras generaciones de venezolanos.

Concluyo con unas palabras del eminente historiador y profesor, Manuel Pérez Vila: (cito) “Hoy ya nadie discute cuál vital es la necesidad de crear conciencia conservacionista en todos aquellos –niños, jóvenes o adultos- que carezca de ella, así como para fortalecer la conciencia en quienes ya la posean, pero que tal vez esperan todo de la acción oficial o de la iniciativa de “los demás”. En el empeño de crear y fortalecer este espíritu activamente conservacionista del cual depende la supervivencia de la nación, el ejemplo de Bolívar nos ofrece saludable estímulo y válida orientación. Si en nuestra época la ciencia y la técnica son, por fortuna, infinitamente superiores a las de ayer, el espíritu no ha cambiado tanto. Y en la vía tenemos, delante de nosotros, marcando el rumbo y abriendo cauce, al LIBERTADOR

​Daniel E. Chalbaud Lange

@danielchalbaudl

REMISIÓN:
May De La Vega
28 de enero de 2018.

IMAGEN SUPERIOR: Por cortesía de Wikipedia