Programa de alimentos, otro instrumento de la delincuencia en Venezuela
CRIMEN CIBERNÉTICO/31 ENE 2022 POR MARK WILSON
Estafadores en Venezuela se aprovechan de la desesperación de los venezolanos para estafar con la venta de paquetes de ayuda alimentaria gubernamental inexistentes, subvenciones pertenecientes a un programa que se ha usado para todo tipo de fraudes.
Según una nota de El Pitazo, los timadores contactan a potenciales víctimas por WhatsApp y les ofrecen cajas de alimentos del sistema de ayuda alimentaria del gobierno, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Los paquetes se ofrecen a un precio inferior al mercado, de 50 bolívares (unos US$10), aunque se supone que son ayudas para los venezolanos en condición de pobreza.
Los estafadores se hacen pasar por conocidos, identificándose con nombres comunes para convencer a las víctimas de que cambiaron su número de teléfono. Para eso les piden que agreguen “este número y borren el otro”. Además, tratan de crear confianza mandando fotografías de los víveres ofrecidos.
VEA TAMBIÉN: Pines y clones: la mecánica del fraude con tarjetas de crédito en Latinoamérica
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela alerta que esta es tan solo una de las muchas tácticas que usan los timadores cibernéticos para embaucar a los venezolanos.
Solo 11 días antes, el medio informativo Primicia, publicó otro llamativo ejemplo de cómo los delincuentes abusan del sistema CLAP, cuando varios agentes del CIPC recuperaron 1.430 cajas de víveres en Caracas. Las autoridades detuvieron a un sujeto de 31 años, responsable del robo, mientras dos de sus cómplices escaparon.
Análisis de InSight Crime
Implementado por el presidente Nicolás Maduro para entregar alimentos básicos a los venezolanos más desfavorecidos, el sistema CLAP ha sido objeto constante de abuso por parte de actores criminales y funcionarios públicos.
El ejemplo más notorio es una presunta maquinaria de coimas y lavado de dinero por el que se vendieron productos comestibles no aptos para el consumo con sobreprecios, los cuales se adquirieron en México.
Fiscales estadounidenses acusaron a varios presuntos participantes del esquema, como el socio comercial de Álex Saab, el empresario colombiano Álvaro Pulido. A este último se lo acusa de usar una serie de empresas de papel para lavar cientos de millones de dólares en ganancias de los contratos de los CLAP. Las empresas de papel incluyen Group Grand Ltd., registrada en Hong Kong, que proveyó más de 11,5 millones de cajas del programa CLAP y está controlada por Saab y Pulido, según un pliego de cargos e información de Associated Press.
VEA TAMBIÉN: Imputación a socios de Saab apunta a esquema de coimas en ayudas a Venezuela
La acusación formal también señala a José Gregorio Vielma-Mora, exgobernandor del estado venezolano de Táchira, que está acusado de recibir coimas.
Saab, actualmente en custodia en Estados Unidos acusado de participar en otro caso de corrupción, ya había sido sancionado anteriormente por el Departamento del Tesoro, por presunto lucro obtenido a partir de sobreprecios en contratos. El Tesoro también sancionó a los hijos de la primera dama Cilia Flores, por presunta participación en el esquema.
Las cajas del programa de ayuda CLAP también tienen una historia de instrumentalización para manipular a los venezolanos. En 2018, la organización no gubernamental venezolana Fundación Redes informó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla colombiana con importante presencia en el país bolivariano, estaba distribuyendo cajas de los CLAP, al parecer con colaboración del gobierno venezolano.
De igual forma, en Caracas, grupos armados afines al régimen, conocidos como “colectivos”, obtienen ganancias con la distribución de las cajas de CLAP en los barrios bajo su control, según un periodista local en Caracas y otras fuentes entrevistadas por InSight Crime bajo la condición de que se mantuviera reserva de su identidad.
Como sucede con tantos otros que abusan del sistema CLAP, los colectivos aprovechan su cercanía con el régimen, pues varios miembros de algunos grupos son empleados en altos cargos dentro del mismo sistema CLAP, como relató Infobae en enero de 2020.
FUENTE: InsightCrime
#LaProtestaMilitar2
Colectivos aumentan invasiones ilegales en Venezuela en época de COVID-19. Por InSight Crime. Opinión. Informa ción. Mundo.
Colectivos aumentan invasiones ilegales en Venezuela en época de COVID-19
2 Marzo2021 POR UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE VENEZUELA
El aumento de denuncias vinculadas a invasiones ilegales de viviendas y establecimientos comerciales en medio de la pandemia del COVID-19 en Venezuela deja al descubierto el cada vez más amplio portafolio criminal manejado por los colectivos armados.
El 9 de enero, habitantes de la Parroquia El Recreo, ubicada en el municipio Libertador de Caracas, se opusieron a la incursión ilegal de colectivos armados, cuya intención era invadir residencias localizadas en el edificio Hadamir.
Así lo confirmó en su cuenta de Twitter el periodista local y coordinador del Frente Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, quien en septiembre de 2020 ya había advertido en El Nacional que “esta es una nueva oleada de invasiones, la cual cuenta con la complicidad directa del gobierno de facto de Nicolás Maduro y la propia Erika Farías, quien auspicia desde su alcaldía a los colectivos dándoles apoyo gubernamental y hasta policial para cometer sus fechorías.”
VEA TAMBIÉN: Perfil y noticias de Venezuela
Según las cifras recogidas por la organización de Rojas, durante el 2020 se registraron 53 invasiones de este tipo en el municipio Libertador, de las cuales 40 se ejecutaron durante el periodo de cuarentena por COVID-19 decretado en marzo del mismo año.
“En mayo invadieron el edificio Padrón […] Ahí funcionan cuatro industrias que tienen más de 60 empleados. ¿Qué va a pasar ahora con esos empleados? Estos locales estaban cerrados por la cuarentena, pero vinieron los colectivos y tomaron el lugar”, dijo Rojas a El Diario.
“El fenómeno de las invasiones es parte de un negocio criminal que cuenta con la complicidad de los organismos estatales. A pesar de que las ocupaciones ilegales a propiedades sean consideradas como un delito en el sistema penal venezolano, los colectivos operan de manera impune en la ocupación de bienes de corte residencial o comercial, para luego lucrarse de manera ilícita”, detalló Fermín Mármol, abogado criminalista y director del Instituto de Ciencias Penales, Criminalística y Criminología de la Universidad de Santa María, en conversación con InSight Crime.
Análisis InSight Crime
El éxodo masivo de venezolanos intensificado a partir de 2015 dejó en abandono varias residencias y almacenes comerciales, que fueron progresivamente ocupadas con la venia del gobierno nacional y el brazo ejecutor de los colectivos.
El fomento de estas prácticas por parte del régimen de Nicolás Maduro, haría parte de un plan de contraprestación estatal hacia individuos o grupos simpatizantes del chavismo, incluyendo a los colectivos armados. Así lo demuestran las declaraciones de la Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, Iris Varela, quien ha respaldado públicamente la confiscación de bienes a los connacionales que salieron del país.
Y aunque se ha dicho que estas propiedades se usarían para la Gran Misión Vivienda, el programa de vivienda social del país, El Estímulo habló con residentes de Caracas, que denunciaron que sus casas se habían entregado directamente a amigos y parientes de funcionarios del gobierno.
VEA TAMBIÉN: Las 2 caras de los “ejércitos” criminales del régimen de Venezuela
Según investigaciones de los medios, esta práctica podría ser una forma por parte del régimen de Maduro para retribuir a sus simpatizantes, incluidos los integrantes de los colectivos.
De acuerdo con denuncias recogidas por Rojas, los colectivos estarían cobrando vacunas a los propietarios de los bienes o recibiendo cuotas por el alquiler de los mismos.
Las capacidades de los colectivos en Venezuela han trascendido más allá de ser organizaciones que defienden y mantienen los principios de la Revolución Bolivariana. Con el beneplácito estatal, los colectivos se han valido de su dominio territorial y poder de fuego para incursionar en diversas economías criminales tanto en zonas urbanas como rurales.
Colectivos con presencia en barrios populares de Caracas, han manejado un portafolio criminal que va desde el cobro de extorsiones a pequeños comerciantes, hasta la distribución y reventa de las cajas de alimentos subsidiados CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).
Por el momento, las incursiones ilegales a propiedades están concentradas esencialmente en el Distrito Capital. Pero la consolidación de los colectivos en otros lugares ha llevado a que se replique este fenómeno en otras partes del país, como en Lara.
FUENTE:
LA PROTESTA MILITAR 2 
Debe estar conectado para enviar un comentario.